Infolatam
Buenos Aires, 23 de octubre de 2008

Fuentes parlamentarias consultadas opinaron que el proyecto gubernamental avanzará sin grandes tropiezos en el Congreso porque el oficialismo (mayoritario) ha reunido el apoyo de unos 30 legisladores de la oposición con vistas al debate que empezará el martes próximo en comisiones de la Cámara de Diputados.

En medio de advertencias empresariales en favor de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y el temor a que se reduzca el crédito para el consumo, la Bolsa de Buenos Aires remontaba el derrumbe de los últimos días por compras especulativas alentadas por el bajo precio de las acciones y la recuperación de Wall Street.

Agentes bursátiles consultados coincidieron en que el "rebote" del mercado de capitales argentino también se debe a compras de títulos por parte del estatal Banco Nación, el mayor del país, y otras entidades públicas.

El director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, remarcó que "nadie podrá tocar" los recursos de las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, cuando pasen a ese organismo público.

Dijo que los fondos de la jubilación privada, cuyos activos suman unos 30.000 millones de dólares entre bonos públicos y privados, acciones y depósitos a plazo, "serán administrados solamente" por la ANSES, que tendrá autonomía económica, "lo que reclama siempre la oposición".

Las principales fuerzas políticas de Argentina coinciden desde hace años en la necesidad de anular la jubilación privada implantada en 1994, pero la oposición asegura que esta reforma busca financiar gastos y la deuda pública en desmedro de los intereses de los 9,5 millones de afiliados a las AFJP.

"Hubo mucho de irreflexivo en la decisión" de llevar adelante la reforma, se lamentó Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner. Lavagna, a quien se considera artífice de la fuerte reactivación económica que vivió Argentina en los últimos cinco años, destacó que hubo un impacto "muy negativo" en todos los sectores empresariales y recomendó analizar la reforma "detenidamente y sin apuros".

Pero el Gobierno de Cristina apunta a poner en marcha la reforma en enero próximo, lo que supone una carrera contra el reloj del Parlamento, que tiene un ritmo más lento que el pretendido por el oficialismo.