Infolatam
México, 24 de septiembre
Por Sergio Sarmiento

La noche del 15 de septiembre una granada estalló en la ceremonia del grito de independencia de Morelia, Michoacán, dejando un saldo de ocho muertos y más de un centenar de heridos. Éste fue el primer atentado terrorista contra la población civil en la historia reciente de México. El 26 de septiembre tres presuntos miembros de los Zetas, un grupo de narcotraficantes, fueron detenidos y confesaron haber hecho detonar estas granadas.

La violencia del narcotráfico parece estar entrando a una nueva etapa. Las bandas que producen, distribuyen o transportan drogas ilegales han tratado usualmente de mantener buenas relaciones con las comunidades en las que operan, ya que dependen del sigilo de sus vecinos para no ser denunciados. En los últimos meses, sin embargo, la violencia en los enfrentamientos entre narcotraficantes y en ataques a policías ha aumentado de manera notable.

Tan solo en el primer trimestre del 2008 se registraron alrededor de 2,000 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico. Desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder el 1ro de diciembre de 2006, las ejecuciones suman más de 4,000. Los asesinatos perpetrados por narcotraficantes, los cuales parecen estar involucrados en una guerra por el control de territorios, se han vuelto cada vez más abiertos y crueles. Se ha hecho común, por ejemplo, que los cuerpos de los ejecutados aparezcan decapitados.

Pero no toda la violencia en el país es producto del narco. Varios casos sonados de secuestros han conmocionado a los mexicanos. Fernando Martí, el hijo de 14 años de un reconocido empresario, Alejandro Martí, fue secuestrado y asesinado a pesar de que ya se había pagado un rescate por él. El chofer del joven fue también asesinado. Estas muertes llevaron el 31 de agosto a la realización de manifestaciones multitudinarias de protesta en distintas ciudades. Unos días después, sin embargo, se reveló que Silvia Vargas de 18 años de edad, hija de Nelson Vargas, también empresario y ex presidente de la Comisión Nacional del Deporte del gobierno federal, había sido secuestrada en diciembre del 2007 sin aparecer viva o muerta hasta la fecha.

En 2007 el gobierno registró oficialmente 596 secuestros en el país. El Instituto Ciudadano de Estudios contra la Inseguriidad (ICESI) calcula, sobre la base de encuestas, que el total real es de alrededor de 6,000 al año. Incluso las cifras oficiales muestran ya a un país extraordinariamente violento. En el 2007 el gobierno registró 28,877 homicidios, 26 por cada 100 mil habitantes. España tiene 1.5 y Colombia 18.

El presidente Calderón está respondiendo a la creciente violencia con un aumento de 33 por ciento en el presupuesto de seguridad pública para el 2009. Pero incluso los responsables que están recibiendo los recursos reconocen que el problema no se resolverá simplemente arrojándole dinero. México tiene una policía fragmentada en cuerpos diversos y un sistema judicial complicado que hace muy difícil la consignación de criminales con buenos abogados.

Otra acción del presidente ha sido impulsar una serie de reformas legales que darían mayores poderes a la policía. Pero algunas de las medidas son inquietantes. El gobierno propone, por ejemplo, una "extinción de dominio" que permitiría confiscar los bienes de acusados de participar en actos de delincuencia organizada… antes de ser juzgados y condenados. El propósito, afirma el presidente, es golpear a los criminales donde más les duele, en el bolsillo.

Pero la posibilidad de que se castigue a inocentes aumenta de manera exponencial. Después de años en que la seguridad no fue motivo de preocupación de los políticos, hoy el tema se ha vuelto quizá el más importante del país. Los partidos políticos parecen haber aceptado que la principal demanda de la población mexicana es acabar de una vez por todas con la violencia. Y para las elecciones legislativas de 2009 el tema será, sin duda, fundamental.