La Razon
La Paz, 21 de septiembre 2008
Por María Luisa Álvarez de Toledo

Si los líderes políticos, cívicos, sociales, sindicales y regionales del país dieron suficientes muestras de que nunca llegaron a medir las consecuencias de su discurso -que muchas veces fue excesivamente confrontacional-, ahora deben saber que la situación en Bolivia es tan difícil que la población civil está, literalmente, armada.

En los últimos días se ha evidenciado, por la televisión y por las fotografías de los corresponsales de periódicos, que los grupos de choque civiles del oficialismo y de la oposición poseen armas de fuego y, a juzgar por lo ocurrido en Porvenir, Pando, están dispuestos a utilizarlas cuando lo consideren propicio.

Esta situación es intolerable en un Estado de Derecho, cuando se supone que toda violación a la ley debe pasar a los máximos tribunales de justicia. Lo lógico y comprensible, en cualquier democracia, es que sólo los efectivos policiales y militares porten este tipo de instrumentos letales y que, en lo posible, nunca lleguen a utilizarlas, algo que lamentablemente se ha quebrantado a partir del estado de sitio dictado en Pando.

Por el lado del Gobierno, no es éste el primero, ni de facto ni democrático, que moviliza a los ahora denominados ´movimientos sociales´. Antes, en los años 50, se cometieron abusos sin nombre por el descontrol que suele ir asociado a las masas movilizadas y enardecidas.

Los encarcelamientos y exilios también han sido el pan cotidiano en la historia del país, con atropellos a la propiedad privada incluidos… Nadie quiere que esto vuelva a suceder.

Con relación al clima de tensión que continúa, pese al diálogo en Cochabamba, queda una pregunta que las partes del conflicto deberían responder: ¿de dónde salen las armas que ostentan los campesinos, por un lado, y los jóvenes cívicos de las regiones opositoras, por el otro?

Y algo más: cuando se habla de cercar Santa Cruz, por ejemplo, ¿sabrán los impulsores de esa medida que un eventual enfrentamiento con los violentos de la Unión Juvenil Cruceñista y otros civiles que estarían dispuestos a todo, puede causar no decenas, sino cientos, miles de muertos? Todo este panorama demuestra la irresponsabilidad que los bolivianos deben soportar en estos días.

¿Es que estamos en una lucha fratricida donde sólo cuenta quién tiene más armas, más municiones? ¿Alguien puede frenar esta carrera enloquecida en la que gana quien perturbe más la paz del país? En Bolivia, lo que se necesita es trabajo conjunto, no bloqueo ni eliminación del otro.

El contexto mundial aún favorece al país, que debe concentrarse en aliviar su pobreza por encima del encono político.

El Gobierno de ninguna manera debería permitir que milicias armadas amenacen y causen trastornos en la sociedad. Menos aún alentar el entorpecimiento de un evento extraordinariamente favorable para todo el país, y no sólo para Santa Cruz, como es la Expocruz. Los opositores regionales no pueden deslindar su responsabilidad, cuando todos sabemos que tampoco han logrado contener, en su momento, los actos vandálicos registrados en instituciones estatales.

Los políticos deben dar muestras reales de que no quieren el enfrentamiento. Están a tiempo de frenar a sus huestes. ¡Nada de armas en las calles y carreteras! ¡Necesitamos vivir en paz!