Infolatam
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008

La embestida opositora apunta tanto a este asunto como a los fondos recibidos por el comité de campaña de Kirchner de parte de empresarios asesinados en un caso de presunto tráfico de drogas con narcotraficantes mexicanos.

Portavoces gubernamentales han dejado trascender a algunos medios locales que la jefa del Estado ordenó a sus colaboradores que eviten comentar lo que ella considera "afirmaciones políticas" de la Fiscalía de Miami, que ha insistido en involucrarla en el supuesto uso de fondos aportados desde Venezuela.

El Gobierno de EE.UU. destacó la independencia de la justicia estadounidense y se desmarcó del juicio en el que el fiscal de Miami Tom Mulvihill ratificó que los 800.000 dólares incautados al empresario venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007 en Buenos Aires estaban destinados a la campaña electoral de Fernández, bajo la lupa desde comienzos de año.

Mulvihill acusa al venezolano Franklin Durán de ser parte de un grupo de cinco agentes enviado por el Gobierno de Venezuela a Miami, donde reside Antonini Wilson, para impedir que el empresario revele el destino del dinero que le fue incautado en Argentina.

El fiscal basa sus cargos en conversaciones grabadas por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) cuando seguía la pista de los supuestos agentes de Venezuela, de los cuales Durán es el único que se ha declarado inocente. Otros tres venezolanos que fueron acusados se declararon culpables y son testigos de la Fiscalía a cambio de una reducción de condena, mientras que el quinto, de nacionalidad uruguaya, está prófugo.

La Coalición Cívica, de centroizquierda y tercera fuerza en el Parlamento, encabezó hoy una petición para que una comisión de legisladores investigue el origen de los fondos para la campaña de Cristina Kirchner.

La iniciativa fue apoyada por la Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria, y por la alianza conservadora Propuesta Republicana (PRO), que coinciden en exigir una inmediata investigación.

Las leyes argentinas prohíben que los partidos políticos reciban fondos de Gobiernos extranjeros y establecen que los ciudadanos no pueden donar más de 800.000 pesos (unos 261.437 dólares) y las empresas la mitad de esa suma.

Datos oficiales reunidos por organizaciones no gubernamentales muestran que el peronista Frente para la Victoria al que pertenece Fernández recibió 300.000 pesos (unos 98.000 dólares) de dos empresarios farmacéuticos asesinados en un caso vinculado al narcotráfico mexicano descubierto el mes pasado.

"El silencio oficial ante la denuncia de un pacto entre los Gobiernos de Venezuela y Argentina confirman nuestras denuncias sobre la obstaculización sistemática en el esclarecimiento" del "caso del maletín", subrayó el líder de la UCR, Gerardo Morales.

"No hay teoría del complot estadounidense que sirva para explicar cómo es posible que la campaña de la actual presidenta de la Nación esté sospechada de haber sido financiada por socios de narcotraficantes mexicanos y un Gobierno extranjero", advirtió a su vez el diputado Adrián Pérez, de la Coalición Cívica.

Con un 35 por ciento, el sector de la salud encabezó la lista de aportaciones al comité de campaña de Fernández, que gastó 17 millones de pesos (5,5 millones de dólares) en las elecciones presidenciales de octubre pasado, según los datos reunidos por Poder Ciudadano, representante local de Transparencia Internacional.

Delia Ferreriro Rubio, quien preside esta organización no gubernamental, destacó a Efe que se detectó que a la campaña de la mandataria "han aportado muchos" pequeños contribuyentes "que figuran como inactivos" en los registros del Fisco.
"Son aportaciones que van de 70.000 a 150.000 pesos (19.450 a 49.020 dólares) de personas que o no se sabe de qué viven o bien evaden los impuestos", comentó.