Colombia: Las FARC intensifican el terrorismo urbano
Infolatam
Bogotá, 1 de septiembre de 2008
Las FARC han dado un giro a su estrategia y han decidido intensificar los atentados en las zonas urbanas tras las derrotas sufridas en las zonas rurales. La guerrilla atentó ayer por segunda vez en dos semanas en una ciudad y provocó 4 muertos y 26 heridos en el Palacio de Justicia de Cali. El Gobierno de Alvaro Uribe ofreció 207.000 dólares de recompensa para encontrar a los terroristas.
Las claves
- El Ministerio de Defensa ordenó reforzar los controles en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
- Este es el segundo atentado de gran magnitud que sufre la ciudad de Cali en los últimos dos años. El primero atribuido a las Farc, tuvo como objetivo las instalaciones de la Policía y ocurrió en abril de 2007.
La recompensa de 400 millones de pesos (207.000 dólares) fue formalizada durante un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien viajó a esa ciudad del suroeste colombiano junto a altos mandos militares y policiales.
Santos encabezó la reunión en lugar del presidente Álvaro Uribe, cuya presencia en Cali, capital departamental del Valle del Cauca, había sido prevista por el gobernador regional, Juan Carlos Abadía.
Una reunión previa de seguridad liderada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, había tasado en 100 millones de pesos (unos 51.800 dólares) la oferta por informes que lleven hasta los desconocidos que cometieron el atentado.
Los autores del atentado utilizaron una camioneta cargada con ochenta kilos de anfo, un explosivo de alto poder, explicó a la prensa el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general Gustavo Ricaurte. El oficial confirmó que la carga mató a cuatro personas y dejó heridas a otras 26, el 80 por ciento de las cuales ya recibieron el alta en los centros en los que fueron ingresadas.
La sede judicial atacada, que sufrió graves destrozos, está situada en pleno centro de esa ciudad, la tercera en importancia del país después de Bogotá, la capital, y Medellín (noroeste). El edificio fue cerrado por orden del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de la ciudad, que condicionó su reapertura a un informe técnico sobre su estado estructural. Al menos 120 locales comerciales y 50 domicilios fueron alcanzados por la onda expansiva, según resultados preliminares de un censo de damnificados puesto en marcha por las autoridades locales.
