Quito, 20 de agosto de 2008
Por Simon Pachano

Toda contienda electoral tiene siempre un espacio específico para la batalla entre las encuestas. Esta ya comenzó en Ecuador con miras al referéndum del próximo 28 de septiembre en que se definirá el destino del proyecto de constitución elaborado por la Asamblea Constituyente. Las cifras que circulan profusamente en estos días varían considerablemente entre los diversos estudios, como lo destacó Infolatam en esta semana. Se podría suponer que esas diferencias se deben al alto número de indecisos (entre el 35% y el 50%, según los diversos sondeos), que a su vez se explicaría por la complejidad del tema. Ciertamente, no es tarea fácil tomar una decisión sobre un texto constitucional, sobre todo si éste tiene 444 artículos, que se multiplican hasta niveles inmanejables por efecto de sus respectivos literales, numerales e incisos. Para dificultar más las cosas, su apurada elaboración se deja ver en el desorden expositivo y en la ausencia del ordenamiento lógico que debe respetar este tipo de texto. A todo ello suma el complicado lenguaje de lo políticamente correcto que vuelve innecesariamente complicada la lectura por la reiterada alusión a ambos géneros en cada frase.

Pero la causa de las diferencias en las cifras parece encontrarse también en otros factores. Uno de esos es el particular papel que desempeñan las empresas encuestadoras en la política ecuatoriana. La mayor parte de ellas hace a la vez asesoría política, de manera que resulta muy difícil distinguir el producto demoscópico científico del que, aun a espaldas de esas empresas, es divulgado por los bandos en pugna. En esas condiciones, las encuestas se han convertido en instrumentos de campaña, en piezas de la propaganda, con lo que se echa un manto de dudas sobre su objetividad. En buena parte de los casos esas sospechas pueden ser infundadas, pero es una percepción y, como se sabe, en política las percepciones cuentan tanto como los hechos reales.

Otra de las causas para la diferencia de las cifras puede encontrarse en las actitudes del propio elector ecuatoriano. Muchos estudios dan cuenta de la alta volatilidad de sus preferencias, que se manifiesta en cambios sustanciales en períodos muy cortos. Los altibajos de los partidos políticos a lo largo de la historia reciente dan cuenta de ello. Así mismo, esos desplazamientos de los electores explican que ningún partido ha podido alcanzar más de una vez la presidencia de la República y también que en tres de las nueve veces que se ha utilizado el sistema de doble vuelta (ballotage) haya triunfado el candidato que llegó en segundo lugar en la primera vuelta. Un elector de ese tipo no es alguien que define el voto con anticipación. Las mismas encuestas señalan que alrededor de una cuarta parte del total de votantes toma la decisión en el momento de marcar su preferencia en la papeleta.

En esas condiciones, hay que tomar con mucho cuidado la información que proporcionan las encuestas. Con las reservas necesarias, se puede sostener que en las últimas semanas se ha dibujado una tendencia creciente del apoyo al proyecto de constitución (el Sí) y un relativo estancamiento de la oposición a éste (el No). El primero bordearía el 50%, en tanto que el segundo alcanzaría algo menos del 30%, lo que podría anticipar un triunfo gubernamental. Si se mantiene esa tendencia, Rafael Correa podría contar con un poderoso instrumento que le permitiría no solamente permanecer por diez años al frente del gobierno, sino que gozaría de unos poderes desconocidos en un país que ha visto caer a los últimos tres presidentes elegidos en las urnas. Al contrario de la opinión de algunos observadores, que sostienen que un triunfo apretado le obligaría a moderar su discurso y a buscar acuerdos con otros sectores, las señales que vienen desde la presidencia parecen indicar que todo el proceso seguirá fuertemente atado a la imagen presidencial y asentado principalmente en la voluntad política. En este sentido, los votos solamente serían una forma de expresar el respaldo, no necesariamente de medirlo.

De cualquier manera, parece poco probable que la votación por el Sí sea baja y que el triunfo se de por un margen estrecho. Podrá ser menor al que obtuvo en el referéndum anterior, cuando consultó sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente (en que alcanzó el 82%), pero las condiciones hacen esperar una cierta holgura. El apoyo a Rafael Correa sigue en niveles que bordean el 70%, sin que se haya afectado por el enfrentamiento con la cúpula de la Iglesia Católica. Sin embargo, hasta el momento se observa una separación entre ese alto nivel de apoyo al presidente y la intención de voto por su proyecto constitucional. Este último parece arrastrar la pobre imagen de la Asamblea (que terminó con un magro 22% de aceptación), de manera que la estrategia de campaña de Alianza País seguramente tendrá como objetivo lograr que la votación de septiembre se transforme en referéndum sobre Rafael Correa y no sobre el proyecto de constitución. No es una tarea imposible ni extremadamente difícil para un experto en campañas, como ha demostrado ser el presidente Correa. Sin embargo, en el gobierno hay un nerviosismo que no se ha manifestado en ocasiones anteriores y que ha incrementado la virulencia del mandatario. Alguna personas sospechan que puede deberse al conocimiento de otras encuestas, aquellas que no se divulgan y que no pueden ser utilizadas como instrumentos de campaña.