Infolatam
Bogotá, 1 de Agosto de 2008
Por Román Ortiz

La celebración de una cumbre antinarcóticos latinoamericana en Cartagena es en si misma una buena noticia. De hecho, la asistencia al encuentro de 7 presidentes y representantes de un total de 24 Estados simboliza el entierro de la vieja retórica que señalaba al narcotráfico como únicamente un problema de los "gringos". La realidad de un negocio ilícito generador de violencia, corrupción, daños ecológicos y problemas de salud pública ha convencido a todas las capitales ribereñas del Caribe que la amenaza es igual para todos. Ahí está para demostrarlo la crisis afrontada por México que se ha visto obligado a recurrir al Ejército para combatir a los carteles, la narcocorrupción que parece salpicar al régimen bolivariano de Venezuela o el papel de Cuba como punto de tránsito de los narcóticos hacia el mercado norteamericano a pesar de la retórica castrista que sostenía la inmunidad del socialismo frente a un vicio típicamente capitalista.

En principio, la reunión de Cartagena quiere ir más allá de la retórica para poner las bases de un plan de acción concreto que facilite el intercambio de información y la cooperación operativa entre las fuerzas de seguridad de la región con vistas a cerrar las rutas de la droga a través del Caribe. El riesgo reside en que los trabajos del foro terminen empantanados por la brecha ideológica que divide el continente entre gobiernos moderados y regímenes "antiimperialistas" como Venezuela o Nicaragua. De hecho, el desarrollo de una cooperación efectiva en el combate a la droga depende de que se puedan superar dos barreras políticas. Por un lado, la tentación de teñir el problema del narcotráfico de la retórica antinorteamericana que domina la política exterior de algunos de países. Una tendencia que se hizo visible detrás de las declaraciones de la Ministra de Gobernación de Nicaragua, Ana Isabel Morales, denunciando la deficiente contribución estadounidense a la lucha antidroga. Por otra parte, la inclinación a condenar las actuales estrategias antidroga y apostar por opciones alternativas de dudosa eficacia solamente con el objetivo de cosechar simpatías populares.

En realidad, el cuestionamiento de las políticas antinarcóticos tradicionales tiene su origen en buena medida en las exageradas expectativas con que gobiernos y opiniones públicas abordaron la lucha contra este tráfico ilícito. De hecho, el empleo del término "guerra contra las drogas" por primera vez por el presidente Nixon en 1971 alimento la percepción de que el narcotráfico podía ser "derrotado" o, dicho de otra forma, llevado a su completa extinción. Una visión que pasaba por alto la naturaleza del tráfico de estupefacientes como fenómeno criminal que al igual que el comercio ilegal de armas podía ser contenido y reducido; pero difícilmente eliminado. Con estas expectativas, cualquier resultado de la lucha antinarcóticos por positivo que fuese estaba condenado a quedar por debajo de lo esperado. En otras palabras, la "guerra contra el narcotráfico" no podía ser ganada por la sencilla razón de que no se trataba de una guerra sino más bien de un esfuerzo de orden público de largo plazo sin un punto final a la vista.

Dicho esto, no se puede olvidar que la multiplicación de las críticas contra la lucha antidroga durante los pasados años ha pasado por alto la creciente asimetría en la voluntad política y los medios invertidos por los gobiernos latinoamericanos en la contención del fenómeno. Así, mientras el combate al narcotráfico ha sido una constante prioridad para Colombia en los últimos diez años, países como Brasil solo más recientemente han convertido el problema en su prioridad de seguridad número uno. Esto por no mencionar los casos de Venezuela y Ecuador que han negado la evidencia afirmando que se trataba de un fenómeno importado sin arraigo en sus territorios o Bolivia que ha desmantelado la política antinarcóticos después de que Evo Morales alcanzase la presidencia con el apoyo entusiasta del sindicato de cultivadores de coca del país. De este modo, los críticos de las políticas antidroga deberían preguntarse si la actual expansión del fenómeno es una señal del fracaso de las medidas aplicadas o más bien una consecuencia de la falta de persistencia y firmeza de algunos gobiernos en la puesta en práctica de estas estrategias.

Por todo lo dicho, la cooperación regional resulta imprescindible si se quiere contener el narcotráfico. Solamente si los países latinoamericanos son capaces de agilizar los mecanismos de colaboración entre sus aparatos de seguridad podrán reducir el tráfico de drogas de forma duradera. Pero además, América Latina no puede asumir este esfuerzo en solitario. Necesita de la cooperación de norteamericanos y europeos que son parte del problema y por tanto deben ser parte de la solución. En cualquier caso, no resulta justo colocar a EE.UU. y Europa a la misma altura. Resulta una paradoja que se critique a Washington por falta de cooperación en la lucha antidroga cuando hasta no hace mucho las mismas voces acusaban a la diplomacia estadounidense de "narcotizar" sus relaciones con los países latinoamericanos. Más bien, las protestas se deberían dirigir contra los europeos que llevan largo tiempo dejando a EE.UU. hacer el "trabajo feo" de apoyar la erradicación de cultivos ilícitos y la destrucción de los centros de producción de droga en América Latina. Ciertamente, la Unión Europea mantiene programas de cooperación destinados a estimular la sustitución de narcocultivos; pero además debería respaldar activamente el esfuerzo de seguridad de las repúblicas andinas y caribeñas para confrontar esta amenaza. El narcotráfico puede ser disminuido y contenido si se construye una alianza internacional para combatirlo. Queda por ver si Cartagena es el primer paso en esta dirección.