Infolatam
Quito, 23 de junio de 2008
Por Simon Pachano

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Alberto Acosta, renunció a su cargo el lunes 23. Los primeros indicios señalan como causa de esta decisión a la discrepancia que mantuvo la semana anterior con el presidente de la República, Rafael Correa, en torno a la fecha en que debía concluir sus actividades este organismo. Mientras el presidente de la República fue enfático en sostener que la Asamblea debía respetar estrictamente el plazo establecido para cumplir con su mandato, que se vence el 26 de julio del presente año, Alberto Acosta fue explícito al señalar que el ajustarse a los tiempos previstos podría conspirar contra la calidad de la Constitución.

Aunque este fue el elemento final que marcó la ruptura entre ambos mandatarios, no es el único y quizás tampoco es el más importante. Hay varios hechos que se han producido a lo largo de los últimos meses que explican la decisión radical tomada por Alberto Acosta o, como se ha dicho en algunos medios, el pedido de renuncia formulado por el presidente de la República.

En primer lugar, el presidente Correa cuestionó en varias ocasiones la conducción de la Asamblea por parte de Acosta, calificándola como excesivamente democrática. Se refirió de esta manera a la apertura otorgada a los diversos grupos sociales y delegaciones que acudieron a ella para exponer sus aspiraciones y demandas. El Presidente consideraba que se había invertido demasiado tiempo en esas reuniones y que de esa manera se había postergado el tratamiento de los temas de fondo.

En segundo lugar, y a pesar de esa crítica por el tiempo dedicado a otras actividades, el Presidente fue uno de los principales responsables de ese desvío del objetivo central. Al haber cesado al Congreso Nacional, la Asamblea asumió la actividad legislativa, lo que fue utilizado por el gobierno para promulgar leyes y otros instrumentos jurídicos (los denominados mandatos constituyentes) que requería para su gestión. Así mismo, la utilizó para procesar otros tipos de acciones que en condiciones normales las realiza el Congreso, como amnistías e indultos. Todo ello se tradujo en la utilización de una alta proporción del tiempo establecido para el funcionamiento de este organismo. De esta manera, la postergación del tratamiento de los temas constitucionales fue prácticamente inevitable, como lo fue también la atribución de esta responsabilidad a Alberto Acosta como primera autoridad de la Asamblea.

En tercer lugar, el presidente de la ANC ya había manifestado en varias ocasiones su malestar por la constante intervención del presidente de la República en las actividades de la Asamblea. Las reuniones de este último con los asambleístas de su partido llegaron a tener prácticamente una frecuencia semanal, y de ellas salían directivas que eran de inmediato acogidas como posición oficial de la bancada de gobierno. Adicionalmente, el presidente Correa designó a una persona como el enlace entre el gobierno y la Asamblea, lo que en la práctica significó mantener control directo y permanente de las decisiones de este organismo. La influencia decisiva del Presidente en la orientación de la Asamblea era inversamente proporcional al margen de acción de Alberto Acosta. Mientras aquella se incrementaba este se reducía significativamente.

Con todo ello se llegó al que sin duda constituye el factor determinante de última instancia. Se trata del cálculo electoral en torno al referéndum que debe decidir sobre la Constitución. En las últimas semanas se ha generalizado la preocupación en las filas del Gobierno por el evidente retroceso que, según las encuestas de opinión, muestra la posible aprobación de la Constitución. A pesar de que es probable que el Sí triunfe sobre el No, se advierte la posibilidad de que la proporción con que lo haga sea insuficiente para superar a la suma de éste último más los votos nulos y blancos. Por tanto, la Constitución no sería aprobada y la posición gubernamental sufriría un serio golpe. En estas condiciones, el tiempo es un factor fundamental ya que cualquier postergación juega en contra de las expectativas del gobierno. En esa medida, las aspiraciones de Alberto Acosta de contar con una Constitución de calidad se habían convertido en un elemento que había que retirar del camino