Infolatam
La Paz, 22 de junio de 2008
Por Horst Grebe

Los resultados del referéndum sobre el estatuto autonómico de Tarija corresponden en gran medida a los pronósticos formulados en los días anteriores: un voto abrumador por el “si”, muy próximo al 80 por ciento, sin diferencias relevantes entre el campo y la ciudad, y una cifra de abstención que ronda el 40 por ciento. Contrariamente al temor que se había puesto de manifiesto en días pasados, la jornada transcurrió en completa calma, sin que se hubieran registrado hechos mayores de violencia, salvedad hecha del repudiable atentado dinamitero contra un medio de comunicación, perpetrado el día sábado en la localidad de Yacuiba por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas, en circunstancias que no se han esclarecido todavía.

El pueblo de Tarija ha superado este domingo ampliamente los obstáculos colocados por el oficialismo en las semanas pasadas, consistentes en intensas campañas difamatorias del Prefecto Mario Cossío, la elección de autoridades provinciales mediante procedimientos de muy dudosa legalidad, las movilizaciones campesinas, y la agitación soterrada del separatismo de la provincia Gran Chaco, que es donde se encuentra más del 80 por ciento de las reservas gasíferas del país.

Con este evento se cierra por de pronto el primer ciclo de referendos departamentales para la aprobación de sus respectivos estatutos autonómicos, lo cual constituye ciertamente una derrota para el partido de Evo Morales, que no ha escatimado esfuerzos para impedir la realización de los referendos o tergiversar completamente sus resultados.

Esta discrepancia constante entre el gobierno y las fuerzas de la oposición sobre los resultados de los diferentes eventos electorales de los últimos años se remonta en realidad al propio referendo nacional sobre autonomías realizado el 2 de julio de 2006, cuando  el “sí” obtuvo el 72 por ciento en Santa Cruz, el 73 por ciento en Beni, el 65 por ciento en Tarija y el 53 por ciento en Pando. En dicha ocasión, las cifras agregadas a nivel nacional únicamente alcanzaron el 44 por ciento para el “sí”, mientras que el “no” se impuso con 56 por ciento de los votos, lo que ha sido permanentemente invocado por el oficialismo como un rechazo de la mayoría nacional a las autonomías departamentales. Y detrás de esta disputa está por supuesto el tema de la distribución de los ingresos fiscales provenientes de la explotación del gas natural, que el gobierno de Evo Morales no está dispuesto a compartir con prefectos opositores.

Los departamentos donde se expresó la mayoría a favor de la autonomía, han avanzado por su parte sistemáticamente hacia la concreción de sus aspiraciones, al punto de que todos ellos cuentan ahora con un texto de estatuto aprobado mediante una consulta ciudadana, que han ganado ampliamente. Bueno es recordar sin embargo que tales estatutos no pueden entrar en vigencia en el marco de las actuales normas constitucionales. Es por eso que se necesita retomar el proceso constituyente que quedó en suspenso mientras se llevaban a cabo los cuatro referendos departamentales sobre los estatutos autonómicos.

La próxima estación mayor del itinerario político es el referéndum nacional de revocatoria de mandato del Presidente de la República y de los prefectos departamentales previsto para el próximo 10 de agosto, cuyos resultados sin embargo no es probable que alteren significativamente la correlación de fuerzas imperante por de pronto en el país. En efecto, la fuerza política del MAS está cada vez más circunscrita a los departamentos de La Paz y Oruro, y cuenta todavía con el apoyo de algunos sectores campesinos en otros departamentos. La población urbana que le dio su voto a Evo Morales en diciembre de 2005, se aleja ahora cada vez más en busca de nuevas opciones políticas, con la salvedad de La Paz y El Alto, cuya gravitación demográfica y electoral no es ciertamente desdeñable. No es un dato menor el que cada vez más lugares del país le nieguen sencillamente el derecho de llegada al Presidente Evo Morales.

A partir de ahora se desplegará una estruendosa campaña de propaganda oficial, que no puede revertir las tendencias de polarización política territorializada, pero que podría acentuar el síndrome de fatiga democrática y repudio de toda la clase política, y eso debido a que las querellas del poder postergan las medidas necesarias para encarar el desabastecimiento y las presiones inflacionarias, además de que aumentan la incertidumbre y la inseguridad que afligen a la población.

Ante tales circunstancias, la única alternativa racional en estos momentos consiste en una negociación seria de restablecimiento del proceso constituyente, que es el mecanismo más adecuado para enderezar mínimamente todas las transgresiones constitucionales que se han perpetrado en el pasado reciente por parte de las diferentes fuerzas políticas del gobierno y la oposición. Tal acuerdo debería incluir necesariamente la designación de los miembros faltantes del Tribunal Constitucional y la Corte Nacional Electoral, y tendría que dar lugar también a la cancelación pactada del referéndum revocatorio, que nada bueno le puede deparar a la institucionalidad democrática en las actuales circunstancias.