Venezuela: Chávez anula provisionalmente Ley de Inteligencia

Infolatam
Caracas, 8 de junio de 2008

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la anulación provisional de la polémica Ley de Inteligencia y Contra Inteligencia, que promulgó a finales de mayo pasado, anunciando que redactará otra, “ahora sin errores”.

Las claves

  • Chávez: "Fue un error del Gobierno, yo lo asumo, vamos a corregir esta ley".
  • El presidente admitió que tal como fue redactada la ley sus conciudadanos estaban obligados a la delación.
  • Chávez dijo que él mismo se vio forzado a delatar en 1992, en dos intentonas golpistas.

"Me puse a oír las críticas (a la ley) y al final sí creo que hay algunos errores; no me cuesta nada reconocerlo (…). Por lo tanto, decidí esta mañana corregir esta ley", dijo en una alocución televisada con  ocasión de la presentación de sus candidatos para los comicios municipales y regionales de noviembre próximo.

"Donde nos equivoquemos hay que aceptarlo y no ponernos a defender lo incorregible. Fue un error del Gobierno, yo lo asumo. Vamos a corregir esta ley y de inmediato he nombrado una comisión" que se encargará de "oír criticas" y promulgar otra, dijo.

Chávez aprobó la ley en el marco de los poderes especiales para legislar por decreto que en enero de 2007 le otorgó el Parlamento oficialista por espacio de 18 meses y aprobará su sustitución bajo el mismo esquema.

Tras criticar la "campaña de terror que está desatada" en contra de la norma, aunque repitió: "yo no voy a salir a defender lo indefendible", admitió que tal como fue redactada sus conciudadanos estaban efectivamente obligados a la delación, algo a lo que él mismo no se vio forzado en 1992, en dos intentonas golpistas.

Sacerdotes, analistas, activistas de derechos humanos y otros expertos alertaron en la última semana que la ley consideraba a las personas naturales y a las comunidades organizadas "órgano de apoyo" obligatorio de los cuerpos de inteligencia y contra inteligencia, los cuales, además, pasaban a controlar atribuciones constitucionalmente a cargo del Ministerio Público.

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