Cada vecino un chivato, cada juez un delator

Infolatam
Bogotá, 5 de junio de 2008
Por Ibsen Martínez

(Especial para Infolatam).-”La única respuesta “política” que ha dado Chávez a la derrota de su pretendida reforma constitucional, si bien por escaso margen, de manera inequívoca, el pasado 2 de diciembre de 2007, ha sido conducirse como si esa derrota no hubiese nunca ocurrido. Como si, más bien, el electorado le hubiese dado un mandato para conducir a Venezuela a un modelo de sociedad estatista, autócrata y totalitario.”

Es acuerdo universal y canónico que lo que un referéndum zanja no debe proponérsele de nuevo como dilema a una sociedad libre y democrática.

En diciembre pasado, una mayoría de venezolanos rechazó inequívocamente el modelo de “organización” del estado que Chávez le propuso y que desde hace cuatro años llama “socialismo del siglo XXI”, sin haberse molestado jamás en definirlo cabalmente. Sin duda, la bien ganada “mala prensa” de los socialismos reales del pasado siglo XX tuvo mucho que ver con el primer triunfo electoral de la oposición en casi diez años de mandato chavista. Pero, tanto o más que al socialismo, los venezolanos rechazaron la intención de Chávez de perpetuarse en el poder mediante la aprobación refrendaria de la relección indefinida.

Un dato duro de la actual realidad política venezolana, ante el cual Chávez y su más cercano círculo de incondicionales, ya sean civiles o militares, no han mostrado sensibilidad ni reacción eficaz alguna, es el hecho de que casi tres millones y medio de electores “chavistas”, que apenas en diciembre de 2006 volcaron más de siete millones de votos en las  urnas para elegir por tercera vez a Chávez, no se hicieron presentes a la hora de  sancionar con sus votos el modelo estatista, totalitario y confiscador que se le ofrecía a la nación.

Es posible especular, como muchos aquí en Caracas lo han hecho, que los dueños de esos votos ausentes en el referéndum siguen siendo pura y duramente “chavistas”, que siguen imbuidos una lealtad ciega al líder carismático. Y que, puesto que en el referéndum de diciembre pasado no estaba en juego el cargo del jefe, la molicie caribeña explicaría por sí sola la altísima abstención registrada entre el electorado natural de Chávez.

Según este modo de ver, en las venideras elecciones para gobernadores de estados y alcaldías, previstas para noviembre de este año, la conducta del chavismo realengo y “de base” sería distinta: “vendrán por mi en noviembre”, ha advertido Chávez a los suyos, tratando de hacer valer una vez más su carisma entre los desposeídos. Y muchos esperan que, siendo así, los tres millones y medios de renegados de la reforma regresen al redil.

No podemos, a esta alturas, predecir los resultados. Sin embargo, una cosa luce cierta: al chavismo “de a pie” le atrae tanto el socialismo a la cubana como dejarse morder por una mapanare, serpiente sumamente venenosa que habita en nuestros bosques húmedos. Esa es, para este cronista, entre otras, la verdadera razón de la deserción de gran parte del electorado chavista hace ya seis meses. 

Si a ese rechazo a perpetuación en el poder y a la regimentación estatista, se añade el desencanto de diez años de ineptitud gubenamental, de ostensible despilfarro e indignantes corruptelas en mitad del boom de precios petrolero más duradero del último medio siglo, no luce descabellado augurar serios reveses en las elecciones regionales de noviembre. Resultados que “repliquen”, a escala estatal y de alcaldías, lo ocurrido en el 2-D.  Este cronista piensa, sin prejuzgar de su conducta electoral en noviembre, que una parte importante de la base social del Chávez lo ha abandonado definitivamente.

Indicio de ello está en que, de los 6 millones y pico de “militantes” con que, hasta la semana pasada, Chávez afirmaba contar en su recién creado  Partido Socialista Unico de Venezuela, apenas un millón— la cifra comúnmente asociada con la adminstración pública de bajo nivel, sujeta a extorsión política— se presentó a elegir los candidatos del “socialismo del siglo XXI” para gobernaciones y alcaldías.

De esa ostensible ruptura con Chávez, hoy apreciable en las barriadas y en los deprimidos sectores rurales, no hablan en público ni Chávez ni su funcionariado. Los descalabros de su petropólítica, expresados en los sucesivos despropósitos que han signado la proterva relación de Chávez  con las FARC colombianas, por ejemplo, no serían nada comparados con el cataclismo que para Chávez significaría perder, como los cálculos más conservadores señalan que puede perder, diez de las gobernaciones estatales de una nación dividida en 21 entidades federales.

Para colmo, como resultado del fracaso de su reforma, y para usar la expresión popular venezolana, “Chávez ya tiene fecha de caducidad, como la leche”: el 2012. Esta certidumbre ha desatado una sorda pero dura lucha sucesoral al interior del chavismo de alto nivel político.

Todas circunstancias podrían explicar la última provocación con que Chávez desafía hoy a la sociedad civil de su país: la aprobación, mediante un decreto para el que está habilitado por “su” Asamblea monopartidista, de una llamada “Ley De Inteligencia y Contrainteligencia” que explícitamente pone potestades de “alta policía” política en manos del propio Chávez.

La ley prescribe que el aparato de administración de justicia se rija por ella y convierte los tribunales de la república en virtuales salas de interrogatorios al servicio de la policía política que ahora responde directamente a Chávez y no al Ministerio de Interior y Justicia.  Los jueces no podrían invocar su ya desportillada “independencia” y negarse a brindar – y a fraguar— información sobre sus encausados a las autoridades de inteligencia y contrainteligencia cuando así se les ordene. 

“Human Rights Watch”, la respetada ONG de derechos humanos basada en Nueva York, por boca de su directivo, José Miguel Vivanco, no ha tardado en declarar que esta ley demuestra que “el actual gobierno venezolano no cree en la separación de poderes.[…] he aquí que un presidente legisla por decreto que los jueces deben servir de espías del gobierno.”

Las formas que esta sujeción “legal”, que agrava la sujeción política del sistema judicial venezolano al ejecutivo, pueda cobrar sólo pueden imaginarse, toda vez que la motivación de esta ley—aprobada a puertas cerradas y en vigencia desde el lunes pasado—vendría a ser “la defensa del país de la injerencia extranjera”, argumento que bien podrìa justificiar un estado de excepción, con algún pretexto fraguado a capricho de Chávez, si con ello puede impedir la elección.

Por lo demás, buena parte del articulado de la ley es vago, farragoso. Tan caracteríscamente lleno de errores de sintaxis y prosodia que hace a los expertos consultados sumamente difícil el examen de los alcances de esta ley jamás discutida en el parlamento.

Tan grave como lo anterior se considera aquí en Caracas la explícita provisión que la ley hace del “espinonaje de vecindario”, creando una figura denominada “grupos de monitoreo comunitario”, remembranza ominosa de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos.

Muchos observadores locales creen que se trata, en este  caso, de preparativos para la coacción y represión de los votantes malcontentos que ya comienzan a manifestarse sin temores en barriadas antes tenidas por leales bastiones chavistas. Tal es el caso de Catia, el populoso “west side” caraqueño habitado por más tres millones de personas y donde una figura de oposición dura al régimen, Leopoldo López,  roza el 70% de aprobación y de intención de voto.

Otras leyes-madrugonazo, tan alarmantes como la de “Inteligencia y Contrainteligencia”, no han dejado de sorprender a los venezolanos, todavía bajo el estupor de las revelaciones del laptop del fallecido jefe de las FARC, Raúl Reyes.

Me refiero con esto a la ordenanza, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ordena la conversión de más de 22  espacios culturales públicos—teatros, museos, salas de música, etc—, incluyendo el renombrado teatro “Teresa Carreño”, declaradamente al servicio del ideario del régimen, pues se les define como obligadas, para el cumplimiento de sus objetivos, “a implementar medidas que garanticen la participación protagónica y la corresponsabilidad activa del pueblo en la formulación, ejecución y control de su gestión, orientada a la construcción de una sociedad socialista”. Y  se dispone, para el caso particular del teatro Teresa Carreño, que “los programas artísticos y culturales que allí se ofrezcan deben seguir "valores de soberanía e igualdad orientada [sic] a la construcción de una sociedad socialista".

Y todo esto en un país que, hace apenas seis meses, dijo mayoritariamente “No”  a la sola idea de un vagaroso pero no menos amenazante “socialismo del siglo XXI.”

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