Infolatam
Buenos Aires, 2 de junio de 2008
Por Manuel Mora y Araujo

Desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, su gobierno encontró problemas en su relación con el agro. El inicio de esa relación por momentos tensa, y ahora crítica, fueron los impuestos a las exportaciones decretados por el Poder Ejecutivo en 2002, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso –impuestos llamados ‘retenciones’-. La justificación estuvo dada por la fuerte y abrupta devaluación del peso.

Difícilmente  pueda cuestionarse el concepto de un impuesto compensatorio de la súbita ventaja extraordinaria para los exportadores derivada de una devaluación artificial, la cual produce a la vez un perjuicio notorio para los ingresos de gran parte de la población. Pero la aplicación  bastante discrecional del impuesto, sin considerar al mismo tiempo diferencias importantes en costos y en rentabilidades de los productores, y la propensión del gobierno a aplicar el impuesto por decreto sin mayor discusión pública, resultaron crecientemente irritativas. Además, ese impuesto resulta no coparticipable por las provincias, a diferencia de la mayor parte de los impuestos a la producción y a las ganancias. De tal modo, principios constitucionales argentinos, y el más universal principio simbólico “no taxation without representation”, quedaron debajo de un manto de cuestionamientos y malestares.

La gota de agua que colmó las cosas y generó el estallido de protestas del agro argentino fue el aumento ulterior de esas ‘retenciones’ a las exportaciones decretado por el gobierno meses atrás. Allí se agregó el concepto, no incluido en el origen de la medida, de ‘retenciones móviles’, dirigido a asegurar al fisco la totalidad de la ganancia a generarse por todo aumento del precio internacional de los bienes exportables. Los productores agrícolas alegaron que el impuesto era confiscatorio por su magnitud y además resultaba un desincentivo a la inversión. Y, por lo demás, destruía el mercado de futuros.

Entre las retenciones establecidas originalmente en el momento de la devaluación y estas retenciones móviles del año 2008 habían pasado otras cosas. Fundamentalmente como parte de su política de precios, el gobierno de Néstor Kirchner y el actual intervinieron en el mercado de exportación y en el mercado interno de alimentos, creando sucesivos conflictos con los productores de carne, los de leche y los de granos y oleaginosas con alta demanda en el mercado argentino. La soja quedaba relativamente afuera de los problemas porque, siendo el cultivo más extendido en la actualidad, es poco demandada internamente. Pero la soja presenta otros flancos débiles, entre ellos el ecológico; además, en la medida en que la superficie cultivada se extiende, ello es a expensas de otros cultivos, incidiendo así indirectamente en los precios internos de los alimentos. La soja entró finalmente en las generales de la ley.

Cuando el agro sorprendió a todos con una protesta hiper activa, cortando caminos y movilizando a las numerosas poblaciones rurales, el gobierno imaginó que quedaría aislado y que se rendiría muy pronto. La sorpresa fue en aumento. De la imagen de un relativamente pequeño puñado de agricultores se pasó a una imagen más realista de un sector fundamental de la economía argentina, el cual emplea a cerca de un treinta por ciento de la población activa. La noción de un sector productivo agroindustrial, altamente integrado, se presentó de pronto en toda su magnitud. La imagen de un grupo de grandes propietarios “oligárquicos” y un manojo de pequeños productores explotados dio lugar a la imagen de un sector productivo altamente competitivo, moderno, eficiente y organizado a través de muy avanzadas relaciones contractuales y vinculaciones entre sus integrantes. Y, aun más, el hecho de que la imagen de ese sector en la sociedad era muy buena –como las encuestas lo registraban desde hace tiempo, sin que los dirigentes tomasen nota de ello- y despertaba manifiestas simpatías en las clases medias urbanas, colmó las cosas.

Un error de diagnóstico, a todas luces. El gobierno argentino estaba inmerso en un conflicto de proporciones no con un adversario pequeño, atomizado y débil, sino con un actor que reveló disponer de enormes respaldos en la sociedad y de algún poder económico no desdeñable.

En ese punto, las dos partes han ido realimentado el conflicto, redoblando sus apuestas y mostrándose crecientemente inflexibles. Como siempre en estas situaciones, cada parte sostiene –y posiblemente lo cree- que no tiene otra opción disponible. La población simpatiza con “el campo” pero demanda a gritos que gobierno y agro se pongan de acuerdo.

El gobierno está pagando un precio alto por no encontrar la fórmula para salir de ese conflicto: la imagen de la presidenta se ha deteriorado, la tasa de aprobación ha caído y el espacio político del peronismo ha empezado a resquebrajarse. El costo económico para el fisco y para la macroeconomía argentina está fuera de discusión: será muy alto. El agro argentino también pagará un precio, posiblemente más económico que político –puesto que el agro no es un jugador político, políticamente no tiene mucho que perder; y esa es, en parte, su fortaleza-. El país todo tiene mucho que perder como resultas de esta trifulca difícil de explicar: puede desperdiciarse la gran oportunidad para aprovechar a plenitud un ciclo económico favorable a la Argentina como pocas veces se vio, puede desperdiciarse.

No será la primera vez que eso ocurre, por cierto. No es por casualidad que la Argentina es, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los países con peor desempeño como nación por comparación con casi todos los países del mundo. Pero ese es un triste consuelo.