México, 10 de abril 2008
Por Luis Enrique Mercado

En México, las encuestas sobre el destino del petróleo y el aborto, se parecen en que en ambas se percibe lo emotivo que los hidrocarburos son para los mexicanos. Las respuestas en los sondeos de opinión revelan que para la sociedad mexicana el petróleo no es un combustible, no es un negocio. Se trata, ni más ni menos, que de la esencia del patriotismo, el mayor reflejo de la soberanía y la independencia.

Por eso durante cuando menos 4 décadas se han tratado de hacer reformas en materia petrolera y siempre surge una férrea oposición al cambio, por temor a que ese cambio ponga el energético en manos privadas o, peor aún, en manos privadas extranjeras. La última gran reforma en materia petrolera en México se hizo en 1939, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo a las compañías extranjeras que explotaban el recurso.
Desde entonces, apenas pequeñas pinceladas sin importancia real.

Hasta que se llegó al extremo: la empresa petrolera estatal, Pemex, es altamente ineficiente, actúa más como el gran aportador de recursos a las finanzas públicas – 40 centavos de cada peso del presupuesto nacional viene de Pemex – y la carencia de recursos, modernidad, tecnología, ha conducido a que no se reponga sino el 40% del petróleo que se extrae, lo que significa que en una década, México pasará de exportador, a importador neto de crudo.

Esos extremos abrieron una puerta que hoy está aprovechando el gobierno de Felipe Calderón para presentar al Congreso un paquete de reformas, el más importante y profundo que se ha visto desde la expropiación petrolera y que pretende revertir el agotamiento del recursos, la modernización de la empresa y garantizar que México siga siendo una potencia petrolera mucho más allá de una década.

No obstante lo trascendente y profundo del paquete, en cada renglón, en cada hoja, se advierte que "el recurso es de los mexicanos", "no se privatiza nada", "no se pagará con petróleo", "se mantiene la soberanía sobre el energético", etc. La propuesta llegó al Senado y todo parce ser que podría aprobarse este mismo mes, pese a la oposición del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, cuyo líder Andrés Manuel López Obrador ha llamado a sus seguidores a una huelga legislativa para evitar que se discuta cualquier cambio y a los más aguerridos, a realizar actos de resistencia civil para evitar que Pemex se privatice, asunto que nadie ha planteado.

El paquete insiste en que no se reforma la Constitución, cuyo artículo 27 deja en manos del Estado mexicano todo lo referente al petróleo. Propone modificar varias legislaciones secundarias para modernizar el manejo de la paraestatal y darle más cara de empresa que se organismo burocrático; establece los esquemas para explotar el crudo en aguas profundas del Golfo de México, fortalece la Comisión Reguladora de Energía, que ya existe, como el gran conductor de la estrategia energética del país y crea la Comisión del Petróleo, como el ente encargado de vigilar la conducta de Pemex.

Finalmente, promete que la reforma abre la puerta para que Pemex pueda colocar bonos de 100 pesos, que podrán ser adquiridos sólo por mexicanos, para apoyar a la empresa y para beneficiarse de boom petrolero que vendrá.