Infolatam
Madrid, 30 de marzo 2008
Por Carlos Malamud

Cuando Martín Lousteau, el ministro argentino de Economía, un joven y brillante profesional, aunque inexperto político, decidió aumentar drásticamente, el 13 de marzo pasado, las retenciones a las exportaciones de soja (del 35 al 44,1%) y girasol (del 32 al 39,1%) no sospechaba las tormentas que provocaría. Su medida logró lo imposible: unir a los cuatro mayores grupos rurales, desde los grandes terratenientes a los pequeños y medianos productores. El problema de semejante medida, no consensuada ni discutida con los directamente implicados, fue que salpicó simultáneamente al ministro del ramo, al matrimonio Kirchner y al gobierno que dirigen con un mecanismo de doble comando, en expresión del ex presidente y ahora opositor Eduardo Duhalde.

Días después, la tarde noche del martes 25, la presidenta Fernández pronunció un discurso incendiario que terminó de encolumnar en su contra no sólo a los productores rurales, sino también a buena parte de la opinión pública urbana. Pese a los poco más de 100 días en el cargo de la nueva presidenta, las señales de continuidad entre los gobiernos Kirchner I y Kirchner II son abrumadoras. Por eso, el listado de agravios es cada vez mayor, menor la paciencia y crecientes las protestas antigubernamentales. Otra vez el ruido de las cacerolas retumbó en las calles porteñas, incluso en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y en la Quinta Presidencial de Olivos, invocando a viejos fantasmas de infausto recuerdo. El precio pagado ha sido elevado, especialmente en términos de popularidad presidencial y de quiebra de una cierta imagen pública, políticamente muy rentable, de que los gobiernos K no negocian con nadie ni ceden ante nada. También el ego presidencial se debe haber sentido tocado, tras suspender su próxima participación en la londinense Cumbre de gobiernos progresistas organizada por Gordon Brown.

Este es el rápido cuadro de situación de los graves y diferentes problemas manifestados en Argentina, entre ellos la concepción kirchnerista (peronista y populista) del poder; el manejo de la economía (lucha contra la inflación y trabas a la inversión extranjera); y el déficit institucional, en un país caracterizado por una fuerte debilidad de la oposición y por la inexistencia de un Parlamento que apenas se pronunció esta vez. Si en el reinado de Felipe II no se ponía el sol en el Imperio español, en la Argentina kirchnerista nadie tose ni osa discutir nada a la pareja presidencial. De ahí las tormentosas relaciones con los empresarios, salvo los próximos y afines al poder, con la prensa, y con una oposición a la que en ningún momento se le ha reconocido el papel esencial que debería tener en un régimen democrático. Es tal el ansia de "construir poder", que el ex presidente no tuvo el menor empacho en arremeter contra el radicalismo. Néstor Kirchner es el mejor discípulo de Perón, como demuestra lo ocurrido desde que dejó el poder, incluido su intento triunfal de recomponer bajo su mando el Partido Justicialista y el menos exitoso manejo de esta crisis.

En Argentina, el control del presupuesto nacional, basado en el uso ilimitado de la "caja", es clave para afianzar el poder presidencial frente a los gobernadores provinciales. Desde hace cinco años el crecimiento económico ha permitido importantes superávits fiscales, básicamente gracias al impuesto al cheque y a las retenciones cobradas a las exportaciones, tanto de productos agropecuarios como energéticos. En la Argentina kirchnerista el gasto público se ha acelerado, y a diferencia de Chile el gobierno no ha impulsado una política anticíclica ni ha apostado por ahorrar para épocas difíciles parte del superávit generado por el aumento de los precios internacionales de las materias primas. En la coyuntura actual, las crecientes demandas de aceitar los mecanismos de clientelismo político (al igual que ocurrió a fines de los 90 cuando Carlos Menem aspiraba a la re-reelección), ha tirado del gasto público. Por ello, el aumento de las retenciones es funcional al mantenimiento del superávit fiscal y de los giros de dinero a los gobernadores. A diferencia del impuesto a las ganancias que debe ser "coparticipado" (repartido) con las provincias, las retenciones a las exportaciones son recaudadas por el poder central, que las utiliza de forma discrecional.

Quizá una de las cosas más polémicas de los dos discursos presidenciales (tanto el del martes 25 como el del jueves 27, juzgado más favorablemente por analistas y observadores locales) fue la alusión al carácter redistributivo, que no fiscal ni confiscatoria, de las retenciones. Para justificar tal afirmación fue necesario partir de una premisa robinhoodiana: el gobierno quita a los ricos para repartir a los pobres. Por eso la presidencia definió los cortes de caminos como "piquetes de la abundancia" y a sus integrantes como propietarios de opulentas camionetas 4 X 4. Sin embargo, las imágenes de la televisión mostraban una gran variedad de tipos sociales: junto a los grandes productores de soja había otros, los más, que sólo siembran 50, 100 o 200 hectáreas. También había peones rurales, un sector que todavía no ha visto, en su conjunto, parte de los beneficios de la globalización que sí ha llegado a otros, pero que sabe que gracias a ella puede conseguir un puesto de trabajo, sin el cual, probablemente, se vería obligado a emigrar, con un futuro mucho más incierto, a la gran ciudad.

Con todo, llama la atención, la mala imagen que el éxito económico tiene en buena parte de la opinión pública argentina. Muy pocos discutían la lógica de las retenciones y el aporte del campo, comenzando por la soja, al crecimiento económico reciente, así como a la creación de empleo y riqueza y reducción de la pobreza. El principal tema de discusión, y un argumento muy utilizado contra el gobierno, fue su falta de tacto al penalizar de la misma manera a los grandes productores que a los pequeños y medianos. Nadie habló de la necesidad de una profunda reforma fiscal, que sea la base del funcionamiento del estado, un estado que sigue siendo, en Argentina omnímodo, omnipotente y omnipresente.

La ciudadanía también recibió otro mensaje contradictorio. Durante mucho tiempo, tanto en lo referente a los piquetes de desocupados que cortaban las rutas del país como de los que bloqueaban las calles y avenidas de las principales ciudades, o más tarde en lo referente a los piquetes "medioambientales" de Gualeguaychú, el argumento gubernamental era que a "los movimientos sociales" no se los reprime. En esta ocasión, junto a las amenazas de desplegar a las fuerzas de orden público para acabar con los piquetes, actuaron con total impunidad grupos piqueteros pro gubernamentales, así como el todopoderoso y oficialista sindicato de camioneros, atacando salvajemente a los manifestantes.

Desde esta perspectiva, el discurso presidencial estuvo cargado de referencias a dos sociedades distintas, las de ellos y la de nosotros, donde por supuesto, la nuestra, la oficial, es la que responde a la "argentinidad" y a los verdaderos argentinos. La otra, la de ellos, la de la oligarquía y la colonia al servicio de los extranjeros (y del capital foráneo) representa todos los valores de la antipatria. La falta de propuestas concretas del gobierno para acabar con el conflicto, junto a su gran rigidez a la hora de sentarse a negociar, han llevado a que el paro agrario se haya reanudado. Aún es pronto para evaluar lo que este gran desafío al poder supondrá para el futuro del actual gobierno. Pero lo probable es que nada vuelva a ser como antes.