Infolatam
Buenos Aires, 16 de marzo 2008
Por Santiago Lacase

El rol que el Estado debe jugar en la economía de un país, acarrea años de discusión y litros de tinta, ya que existen diferentes grados de participación. Pero particularmente en Latinoamérica, luego de la década del 90 y el Consenso de Washington, el debate está más presente que nunca.

En nuestra región existen diferentes modelos de participación estatal en la economía: desde una participación alta (casos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela), pasando por una participación media (Argentina) y con una participación escasa (Colombia, Chile, Uruguay).

En Argentina, desde la asunción de Nestor Kirchner en el 2003 se propició un cambio de rol del Estado. Luego de la década de gobierno de Carlos Menem, donde primó la economía de mercado con una escasa participación del Estado, y crisis del 2001 mediante, Nestor Kirchner le otorga al Estado un rol más activo en la regulación de la economía. Esta acción estaba en línea con lo reclamado por la opinión pública, ya que la misma demandaba la participación de un actor que estableciese reglas de juego en la regulación de los servicios públicos privatizados. No demandaba reestatización, sino el establecimiento de reglas claras y cumplibles.

El gobierno de Nestor Kirchner profundizó esta tendencia hasta el punto de establecer precios de referencia, aplicar la ley de desabastecimiento con penas para los empresarios y se llegó a paralizar la exportación de carnes para estabilizar los precios internos.

El debate sobre el papel del Estado en la regulación del mercado parece ahora revitalizarse, ya que el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner incrementó las retenciones a la exportación de soja y girasol. Desde la semana pasada el porcentaje de retenciones a la soja será del 45%, pudiéndose aumentarlas si se incrementa el precio de este cultivo. El argumento oficial es que la soja subió su precio un 90% en el último año y que parte de esa renta debe distribuirse entre los diferentes actores de la sociedad a través del Estado.

Esto ha provocado la reacción del sector agropecuario, que a través de sus organizaciones gremiales han convocado a un cese en la comercialización de granos, carnes y leche por 48 hs, pudiéndose extenderse hasta el miércoles 19 de marzo inclusive.

Estas medidas tienen un objetivo fiscal. Con estos nuevos recursos el Estado planea obtener un superávit fiscal del 4% del PBI, cifra que representa alrededor de 40.000 millones de pesos argentinos. Este superávit podría ser utilizado para abastecer de energía al país durante el próximo invierno, estación en la que está previsto importar combustibles desde Venezuela y Bolivia. Cabe destacar que el costo de importar combustibles será mayor que en el 2007: en marzo de ese año el barril de petróleo costaba alrededor de 60 dólares; actualmente se encuentra superando la barrera de los 100 dólares.

El gobierno argentino deberá enfrentar la presión del sector agropecuario, sector que encabeza la preferencia en la opinión pública en cuanto a imagen positiva. Es además el sector más dinámico de la economía y sus miembros pertenecen a todos los niveles socioeconómicos. Pero, si bien posee un espíritu combativo, su cadena de valor está representada por diferentes gremios, los que casi nunca llegan a tener una posición homogénea en los motivos del reclamo. Además, este sector carece de una representación política, tanto a nivel del poder ejecutivo (están coordinados por una secretaría y no por un ministerio) como a nivel legislativo.

El aumento a las retenciones agropecuarias como el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y el sostenimiento de los precios de referencia para los productos de consumo masivo, señalan una continuidad en el gobierno de Cristina Fernandez, de los criterios económicos aplicados durante los cuatro años de gobierno de su antecesor. El debate continúa.