Infolatam
La Paz, 17 de febrero de 2008
Por Fernando Molina

Los gobernantes y los dirigentes de las regiones opositores de Bolivia mostraron finalmente sus cartas. Si en el último mes habían fingido dialogar sobre las graves desavenencias que los separan, ahora sus verdaderos propósitos salieron a la luz. Hoy está claro que tanto los unos como los otros ambicionaban la rendición incondicional del adversario y, puesto que ésta es imposible, usaban las negociaciones para ganar un respiro antes de lanzarse nuevamente a la lucha que los enfrenta. Sonriendo y hablando con suavidad ante las cámaras de televisión que registraban el show de su supuesta reconciliación, asentaban al mismo tiempo, soterradamente, a hurtadillas, sus respectivas bazas. Apostaban así a un bluff que no era posible prolongar y que ahora se acabó.

¿Qué separa a ambos bandos? ¿Por qué actúan como si la democracia boliviana fuera un escenario belicoso? A esta altura, su polémica se ha hecho tan ramificada y retorcida que resulta difícil explicarla a un lector extranjero. En todo caso, puede describirse en pocas palabras como una lucha por el control de los recursos naturales y el poder, dos cosas que en realidad son una y la misma. En efecto, las rentas de los recursos naturales, en particular del gas y la tierra, sirven para obtener poder político; y si el poder quiere ser capturado es justamente para reorientar la distribución y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Se trata de un choque asimétrico. El MAS del Evo Morales, apoyado por la región occidental, la más pobre y poblada (en gran parte por indígenas) del país, controla la administración nacional y la mayoría del Congreso. Ha logrado incrementar las rentas del gas presionando a las empresas petroleras extranjeras (lo que produjo un estancamiento de esta industria), y ha redactado una controvertida Constitución –todavía no confirmada por el voto popular– que centraliza y aumenta el poder económico y político de un Estado populista, concede múltiples privilegios a las organizaciones indígenas –entre ellos privilegios electorales y jurídicos, y cientos de miles de hectáreas de tierra–, y ofrece avanzadísimos seguros sociales. Al mismo tiempo ha puesto en marcha una pensión universal de vejez, llamada “Renta Dignidad”, que se financia en su mayor parte con los impuestos al gas, que hasta ahora habían sido manejados por las burocracias regionales.

Por el otro lado están precisamente estas burocracias, que son más opositoras y más fuertes –es decir, cuentan con mayor respaldo popular– en la región oriental y sur del país. Ellas rechazan el proyecto constitucional centralista y populista del gobierno, resisten la pretensión que éste tiene de quitarles los impuestos del gas para pagar su “Renta Dignidad” y han redactado también, simétricamente, sus propios “libros sagrados”, unos estatutos autonómicos “a la española” que apuntan a descentralizar considerablemente el poder. Cuatro departamentos pretenden aprobar estos documentos.

Dicho esto, ya podemos entender qué es lo que pasó, o, mejor, lo que no pasó en el diálogo del último mes. El gobierno no quiso abandonar sus planes de usar los recursos de las burocracias regionales para pagar su pensión de vejez ni su deseo de aplicar completamente el proyecto constitucional que ha pergeñado para aumentar su fuerza política y manejar los recursos naturales a su manera. Por el contrario, mientras “negociaba” estos puntos con los prefectos de los departamentos, ponía todo a punto para pagar la “Renta Dignidad” –lo que ya está haciendo– e impulsaba una campaña para asegurar la aprobación popular de su Constitución.

La oposición regional, por su parte, si bien asistió muy aplicada a las reuniones políticas y técnicas que se convocaron, simultáneamente dio varios de los pasos procedimentales que exige la ley para organizar referendos departamentales, a fin de someter los estatutos autonómicos a ellos. Santa Cruz, el departamento más avanzado en este camino, tiene previsto aprobar sus estatutos el 4 de mayo.

En estos días, luego de “enterrar” al carnaval (y éste no es un dato sin importancia), cada una de las partes abandonó la pose dialogante y salió a la palestra a denunciar a la otra por sus respectivas maniobras. La oposición exige que el gobierno se ponga de una vez a la tarea de revisar conjuntamente el proyecto de Constitución y que diga finalmente si proporcionará o no otro financiamiento que no salga de las arcas departamentales a la “Renta Dignidad”. El gobierno ya respondió que “no”. Y la oposición, que entonces saldrá a las calles: que volverá, una vez más, la protesta social.

Por su lado, el Presidente declaró que los referendos departamentales que la oposición está organizando serán ilegales si el Congreso (dominado por el oficialismo) no los autoriza. Una parte de la ley le da la razón. La oposición le contestó que los gobiernos departamentales pueden hacer estos referendos y que en cualquier caso los harán. Y otra parte de la ley le da la razón.

Algunos miembros del MAS han sugerido, en este contexto, que se reprima a los departamentos rebeldes por medio del uso de la fuerza pública. Pero es difícil que el gobierno caiga en semejante provocación. Lo más probable es que deje suceder los referendos al mismo tiempo que los desconoce.

¿Hay una salida para Bolivia? ¿Cuál es ésta? Evo Morales apuesta por un plebiscito general, que ponga a consideración del electorado, simultáneamente, los cargos de los primeros mandatarios y de los prefectos departamentales. Confía en que ganará este plebiscito y así sacará de en medio a la oposición. Pero las encuestas no le dan la razón. Es mucho más probable que un plebiscito de estas características, lejos de resolver el intríngulis, lo reproduzca una vez más. Y es que hoy en Bolivia, las fuerzas políticas, las visiones ideológicas, los factores geopolíticos están relativamente equilibrados. Hay una barra inclinada y uno de los adversarios, el gubernamental, está encaramado en el extremo más elevado, mientras que el otro, la oposición regional, se cuelga del otro. Ambos rivales se insultan y se hacen gestos obscenos, pero ninguno puede moverse mucho, ni siquiera para golpearse mutuamente, porque la caída del otro precipitaría su propia caída.

El pronóstico, entonces, para los próximos tiempos: más insultos y más gestos obscenos.