Infolatam
Madrid, 4 de febrero 2008

Organización Center for Justice & Accountability (CJA) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) acompañan al primer grupo de 17 testigos y peritos que se ha desplazado a España para testificar, entre los que hay familiares y víctimas. En la primera jornada declararon dos personas y está previsto que mañana lo hagan otras seis.

De momento no ha trascendido la identidad de los declarantes ya que algunos de ellos son testigos protegidos aunque, según informaron el pasado viernes ambas organizaciones en una nota de prensa, figuran el antropólogo español Javier Gurriarán y el periodista Allan Nairn. Está previsto que Gurriarán presente una investigación sobre las campañas militares que el Ejército llevó a cabo contra la población maya, mientras que Nairn mostrará un trabajo de investigación "sobre los abusos cometidos por el Ejército guatemalteco en el Triángulo de Ixil, en la región de Quiche, en 1982".

Santiago Pedraz investiga, por un lado, la presunta participación de cinco militares y dos civiles en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde hubo 37 muertos, y, por otro, la implicación de los militares en delitos de genocidio contra la población maya en la década de los ochenta, caso por el que testifican.

Aunque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal de justicia del país, dictaminó el pasado 19 de diciembre que España no es competente para juzgar estos hechos y anuló el proceso abierto por Pedraz contra los siete acusados, el magistrado decidió proseguir con la investigación. Por este motivo, citó a declarar a una treintena de testigos de Guatemala.

Tras este primer grupo de 17 personas que testificará esta semana, está previsto que el segundo grupo viaje a España en marzo. Además, el pasado enero Pedraz hizo un llamamiento para que los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan podido ser testigos del genocidio de Guatemala lo denuncien en sus respectivos juzgados para que éstos lo remitan a la Audiencia Nacional de España, por lo que es posible que se amplíe el número de testimonios.

Los acusados, para quienes Pedraz mantiene vigentes las órdenes de captura con fines de extradición pese a la decisión de la Justicia guatemalteca, son el general retirado Ángel Aníbal Guevara, el coronel Germán Chupina y los generales Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía y Benedicto Lucas, además de los civiles Pedro García y Donaldo Álvarez.

Tras el rechazo de la Corte guatemalteca a cooperar con el proceso abierto, el juez español consideró en su auto que, con esa decisión, se confirmaba la voluntad de Guatemala de "no investigar los delitos referidos, dando clara cobertura a la impunidad" y colocándose en la "órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos". Añadió además que la medida judicial violaba la obligación "asumida por todas las naciones civilizadas" de prevenir y sancionar el delito de genocidio, según con lo establecido por el Convenio para la Prevención y la sanción de este delito, así como el Tratado de cooperación judicial entre Guatemala y España.