Infolatam
Sao Paulo, 31 de enero de 2008
Por Josías de Souza

Atrapado por el noticiario, el gobierno decidió hacer por presión lo que no había hecho por obligación. Se montó en Brasilia, a toda prisa, una operación para intentar sacar la gestión Lula del córner en que se encuentra desde que habían empezado a estallar en las páginas de periódicos y revistas noticias sobre las trampas en las copias de los extractos de las tarjetas de crédito corporativos.

Los ministros Paulo Bernardo (Planificación) y Jorge Hage (Controlador de la Unión) anunciaron, en entrevista, cambios en las reglas que regulan el uso de las tarjetas. Se habían restringido, por ejemplo, las retiradas en dinero. Antes, la CGU, órgano mandado por Hage, había divulgado un informe para intentar demostrar que, bajo FHC, se gastaba más con tarjeta que bajo Lula.

El levantamiento de la CGU engloba sólo los gastos con auxilios de fondos para las oficinas públicas. Gastos que, en la contabilidad oficial, son llamados de "Tipo B". Dada cuenta que las tarjetas no son utilizadas sólo por ministros de Estado. Hay en la administración pública 7.145 funcionarios autorizados a utilizar cartones. Algunos de ellos utilizan más de una tarjeta. El número total de tarjetas es de 13.567.

El texto de la CGU, difundido en el portal en Internet, dice lo siguiente: "Mientras en 2001 y 2002 los gastos del gobierno federal con auxilio de fondos fueron de R$ 213,6 millones y R$ 233,2 millones respectivamente, a partir de 2003 ese tipo de gasto fue significativamente reducido, manteniéndose, en los últimos cinco años, la media anual de R$ 143,5 millones".

El documento trae el total de los gastos realizadas en la gestión Lula año a año: En 2003, la cuenta  de fondos fue de R$ 145,1 millones; en 2004, R$ 145,9 millones; en 2005, R$ 125,4 millones; en 2006, R$ 127,1 millones; y en 2007, R$ 176,9 millones. A despecho del aumento verificado el año pasado, la CGU se preocupó en enfatizar que, "aún así", los gastos están "muy lejos de los gastos registrados en 2001 y 2002", pasados años de la gestión FHC.

Las tarjetas corporativas habían sido creadas por el gobierno "tucán" de FHC, en 2001. Se procuraba justamente el substituir las cuentas del "Tipo B". Antes, el alto cargo o funcionario recibía dinero contante, depositaba en su cuenta bancaria y emitía cheques personales a medida que realizaba los gastados.

Se decía ayer y se repite hoy que las tarjetas dan más trasparencia al gasto público, facilitando la fiscalización. El problema es que la facilidad llevó a la exageración. De 2006 para el 2007, los gastos hechas mediante tarjetas de crédito corporativos creció 129%, alzando a la casa de impresionantes R$ 75,6 millones.

Por lo demás, algunos ministros llevaron la exageración a las fronteras del paroxismo. Es el caso de Matilde Ribeiro. La ministra de la Integración Racial fue sacada de la oscuridad después de que se descubrió que ella había gastado, en 2007, R$ 171.500. Había utilizado la tarjeta en los establecimientos más improbables: del Free Shop a las tiendas pequeñas.