Infolatam
La Paz, 8 de enero 2008
Por Fernando Molina

Es sorprendente que los representantes de los dos bandos políticos bolivianos, que hace unas semanas no hacían más que expresar el odio que sentían los unos por los otros, se hubieran sentado civilizadamente ante una mesa e iniciado un diálogo por el que, a juzgar por las imágenes televisivas, todos parecen desvivirse.

Las conversaciones comenzaron el 7 de enero, con el llamado del presidente Evo Morales a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos para "construir juntos un nuevo país". De inmediato se puso en debate, entre otras, las dos grandes cuestiones que separan al oficialismo y a la oposición (y por tanto al gobierno central y a las regiones más prósperas del país): la validez del proyecto de Constitución centralista y fuertemente izquierdista que aprobó la Asamblea Constituyente, y la forma de distribuir las rentas de la industria petrolera, "nacionalizada" hace poco menos de dos años por Morales.

No cabe duda de que la "tregua navideña" que declararon los dos bloques tuvo que ver en este hecho: con la cabeza más fría, los protagonistas de la política nacional quizá comprendieron las limitaciones que entrañan las estrategias de "aplastamiento" del adversario en las que estaban embarcados.
Y es que hoy en Bolivia el "aplastamiento" es imposible. Ni el gobierno, que cuenta con un elevado nivel de popularidad en el occidente del país, puede silenciar por la fuerza al pueblo de Santa Cruz y de otros sitios, ni éste tiene la capacidad de derribar al Presidente, como seguramente ambicionan sus grupos internos más radicales.

Hoy una vez más, como ya ocurrió sistemáticamente en los últimos siete años, la autoridad del Estado boliviano sólo llega hasta donde lo permiten los activos y poderosos movimientos de la sociedad civil. Si en el pasado estos movimientos fueron liderados por los sindicatos y tuvieron una orientación anti-liberal, ahora son regionales y buscan contener y disminuir el poder del centro político ubicado en La Paz, trasladando muchas de sus competencias a los gobiernos departamentales.

Tenemos entonces que los rebeldes de antes y de ahora son diferentes, pero la situación que crean resulta similar: el Estado queda más o menos paralizado y aparecen grandes territorios en los que la autoridad legal es sustituida por la voluntad de los caudillos locales. Éste es el resultado visible de una grave dolencia interna: el antagonismo que se presenta en la base de la sociedad boliviana, a consecuencia del levantamiento de los de abajo, muchos de los cuales son indígenas de distintas etnias, y de sus ansias por redistribuir la riqueza e igualar la sociedad, incluso a un costo insostenible para la eficiencia económica y el funcionamiento normal de la sociedad.

El gobierno del MAS expresa y a la vez encausa esa presión subterránea y por esto choca contra las otras fuerzas, que actúan atemorizadas por lo que este proceso puede traer para el crecimiento, la competitividad, la democracia y la viabilidad misma del país. ¿Es posible llegar a un punto de acuerdo? Los dirigentes políticos parecen muy interesados en ello, pero no hay que olvidar que el 7 hablaban frente a las cámaras de televisión. Los temas a tratar en lo que falta de las conversaciones son realmente peliagudos, incluso desde el punto de vista personal, porque el gobierno pretende destrabar todo esto con un plebiscito "revocatorio" que ponga en el tronco del verdugo las cabezas de todos los participantes en el diálogo, Presidente, Vicepresidente y prefectos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo generalizado, excepto por una cosa: el MAS pretende realizarla con reglas desiguales, que favorecen ampliamente a los primeros mandatarios respecto de los prefectos, y éstos por supuesto no aceptan esta posibilidad.

Entonces a no confundirse: lo único que hasta aquí ha habido fueron declaraciones de buenas intensiones. Los políticos bolivianos gustan de los juegos de suma cero: llamar al diálogo para tratar de ganarlo todo. Al final no ganan nada, claro, pero eso no los inhibe de seguir intentándolo. Tomemos en cuenta lo siguiente: pese a estar participando en estas negociaciones, ninguno de los bandos ha abandonado su estrategia particular: el gobierno continúa la campaña por el "Sí" en un referéndum sobre el proyecto constitucional y las regiones, sus esfuerzos por organizar un otro referéndum que les dé una autonomía "unilateral".

La única forma de que el diálogo tenga futuro es que el gobierno decida moderar su programa nacionalista, indianista y redistribuidor, o al menos lo haga mucho más progresivo, y que, simultáneamente, Santa Cruz decida apostar por una descentralización más gradual y modesta. Y no hay ningún signo de que cualquiera de estas dos cosas esté pasando ahora o incluso sea posible. En estas circunstancias, lo que realistamente puede lograrse es un acuerdo para trasladar las discrepancias más agudas a las urnas, de modo que el electorado dirima (suponiendo que pueda hacerlo). Pero aun esto es difícil, porque cada parte tiene su propia y particular idea de lo que es necesario consultar y sobre cómo hacerlo. ¿Exceso de pesimismo? Lo veremos en las próximas semanas.