Infolatam
La Paz, 29 de noviembre de 2007
Por Fernando Molina

¿Qué está pasando en este momento en Bolivia? ¿Cuál es el fondo de los conflictos sociales que han puesto nuevamente a este país en los titulares de la prensa internacional? La respuesta es sencilla y compleja a la vez.

Lo que salta a la vista es que el gobierno está imprimiendo una dosis considerable de fuerza para imponer medidas legales que lo benefician. Tanto la Constitución aprobada “en grande” el pasado 23 de noviembre, como una ley de administración de los impuestos petroleros sancionada el 27, apuntan a centralizar el poder, a debilitar la disidencia y a reorientar la marcha de las instituciones en un sentido redistribuidor e indigenista.

El presidente Evo Morales intenta romper así el estancamiento del proceso político que dirige, y que no había encontrado hasta ahora la forma de vencer la activa resistencia de varios departamentos del país, de la oposición política y las élites económicas.

La Asamblea Constituyente estaba paralizada por la demanda de Sucre, la ciudad en la que se realizaba, para volver a albergar los poderes públicos (lo que es imposible en la práctica y afectaría a la actual sede, La Paz, que es el bastión del MAS). El gobierno decidió por tanto prescindir de la oposición y reprimir la presión vecinal sobre la Asamblea con una confusa actuación policial que terminó con tres muertos y decenas de heridos. El caos resultante fue tan grande que la policía tuvo que abandonar sus cuarteles para evitar que sus efectivos fueran lastimados, y hasta ahora no retorna a ellos por “falta de garantías”.

La oposición política está atrincherada en algunas prefecturas (o gobernaciones) departamentales que el MAS no pudo ganar pese a su mayoría electoral nacional. En consecuencia, el oficialismo aprobó en estos días varias disposiciones que disminuyen el financiamiento de estas instituciones hasta en un 70 por ciento, a fin de menoscabar su capacidad de contestación. Una de estas normas fue tramitada con un procedimiento verdaderamente preocupante, que consistió en apostar un cacle para impedir físicamente el ingreso de los parlamentarios opositores al Congreso. Y aunque este hecho anula la legalidad de la ley en cuestión, en este momento no existe en el país un Tribunal Constitucional al cual se pueda recurrir para demostrarlo, pues éste ha sido desmontado con diversas maniobras legales por el gobierno.

En suma, que los bolivianos nunca estuvimos más lejos de la democracia desde su reconquista hace 25 años. Y, para poner la cereza sobre el pastel, bandas de partidarios gubernamentales apedrearon los edificios de algunos medios de comunicación satanizados por el Presidente.

El argumento oficial para justificar este pandemonio es el sistemático bloqueo de la oposición a todos sus intentos de “cambiar el país”, incluso a los más moderados. Algo de verdad tiene este argumento excepto porque no toma en cuenta que dos males no hacen un bien, y un gobierno autoritario no puede solucionar el autoritarismo de los movimientos sociales que se organizan en su contra.

Por otra parte, los títulos democráticos de Evo Morales y sus colaboradores son muy escasos. Su único intento de moderar sus pretensiones y de procurar alcanzar un acuerdo con la otra parte se produjo hace poco, dos años después de asumir el poder, y fue efímero. Además, el tono de las declaraciones y las decisiones de las autoridades ha sido siempre amenazante y conflictivo. Hace poco los grupos de choque oficialistas degollaron algunos perros para advertir simbólicamente de lo que vendría y de lo que posiblemente venga todavía.

En otras palabras, el gobierno ha azuzado el odio que ahora paradójicamente pretende conjurar con “mano dura”. Por supuesto, no realiza el esfuerzo de retomar el control de la situación por medio del fortalecimiento de las instituciones estatales sino por la vía contraria, prescindiendo de dichas instituciones. La perdedora neta de la coyuntura boliviana es la institucionalidad democrática.

Pero la respuesta social también ha sido y es autoritaria. Los movimientos sociales que hoy actúan en contra de Evo Morales apelan a la violencia en contra de asambleístas y parlamentarios oficialistas, a uno de los cuales incluso le han incendiado la casa, y en general se expresan de forma racista e intolerante en contra del gobierno.

Hay que decir de nuevo, entonces, que nunca estuvimos más lejos de la democracia. Y la responsabilidad es más difícil de atribuir de lo que parece a primera vista.

Llamamos a este proceso la “operación desempate” porque hasta hoy el diagnóstico manido de los analistas ha sido que Bolivia vive un “empate catastrófico” entre dos fuerzas y dos visiones del mundo. El presidente Morales está apostando fuerte: O impone sus condiciones o pone en riesgo su propia permanencia en el cargo. Pero todavía es temprano para predecir lo que sucederá en Bolivia, excepto por una cosa: puede esperarse cada vez más odio y menos soluciones.

Y aquí es donde puede comenzar una lectura más compleja de la situación boliviana. Ante nosotros se materializan los indicios de ese fenómeno siempre presente en la modernidad que es la revolución. Como se sabe, la revolución lleva el odio por la injusticia a su paroxismo, pero normalmente no desemboca en una sociedad de equilibrio y felicidad, sino en la opresión de las mayorías por parte de unas minorías “justicieras” que avasallan al resto en nombre de un ideal. Un ideal que sirve para justificar la violencia pero nunca para darle un sentido verdadero.

Pese a ello, la revolución sigue conmoviendo a las muchedumbres. Y lo hace en las dos direcciones: la revolución “de la igualdad” en la que ahora están embarcados algunos países latinoamericanos generará sin duda la revolución “de la libertad” como antídoto, aunque ésta hoy se encuentre en ciernes.

Si esta es la situación entonces se comprenderá por qué resulta tan difícil para quien esto escribe mantenerse al margen y en una posición crítica respecto a los revolucionarios de uno y otro pelaje, tan atractivos ellos, audaces, decididos, dogmáticos, capaces siempre de transformar el mundo. Es difícil hoy no alinearse ni con los igualitarios incapaces de ver la necesidad de la libertad ni con los libertarios ajenos por completo a los sentimientos que llevan a los hombres a tratar de igualar a sus sociedades. Hoy es el tiempo de estos hombres, de los hombres de acción. Su ingreso en el campo equivale al simultáneo retiro de éste de la democracia, porque en él ya no cabe su espíritu tolerante y escéptico, su amor por la indecisión.

En América del Sur está sonando la hora de la revolución, no la de la democracia. Y sin embargo debemos esperar que ésta encuentre su momento en el futuro.