Infolatam
Santiago, 4 de octubre de 2007
Por Héctor Soto

El general Pinochet murió en diciembre del año 2006 pero había que escuchar ayer las radios en Chile y mirar el titular de los vespertinos para advertir que todavía está lejos de ser una figura del pasado. A raíz de la decisión de un juez que ordenó detener a 23 familiares y colaboradores del ex dictador en la investigación sobre el origen de los dineros que mantenía ocultos en el Banco Riggs en Washington, Pinochet ayer recobró en la política y en la agenda noticiosa chilena un protagonismo que había perdido en los últimos meses, incluso dentro de este mismo proceso, luego que uno a uno los imputados habían recuperado su libertad o logrado fallos que los exceptuaban de la investigación en curso.

Ayer se tejían en Santiago diversas interpretaciones para explicar la detención de los cinco hijos del general y de las figuras que integraban su primer círculo de confianza. Sólo los más cándidos pensaban que aquí, entre otras cosas, también se podía estar haciendo justicia, en gran medida porque en casos políticamente relevantes la justicia chilena no tiene un gran historial de independencia y apego al derecho.

Para muchos pinochetistas, este era un episodio de venganza judicial. El juez que decretó la detención, el ministro Carlos Cerda, es un hombre comprometido con los derechos humanos que ha estado por años en agudo conflicto con el pinochetismo y sus defensores. Cerda recién había recuperado la dirección del proceso de las platas del Riggs luego que los abogados de la defensa lograron apartarlo por un tiempo de la causa y con su decisión, según estas interpretaciones, lo que él está haciendo es demostrar que no lo aplastarán fácilmente. Por lo demás, según partidarios del general recordaban ayer, no será esta la primera ni la última vez en que un juez quiere ganar medallas de civismo y adhesión a los derechos humanos a costa del nombre de Pinochet. A menos que Cerda haya encontrado antecedentes nuevos, en verdad es poco probable que estos procesamientos terminen en condenas, pero su imagen de juez severo e incorruptible obviamente ayer quedó fortalecida y acuñada para siempre.

Otros observadores analizaron la detención y el procesamiento de ayer desde el prisma del gobierno de Michelle Bachelet. Para una administración que muestra muchas desinteligencias internas y que ha caído sostenidamente en las encuestas, el retorno de los Pinochet a los estrados judiciales ciertamente es una buena noticia. Lo único que en verdad todavía une a la Concertación es el rechazo al ex dictador y a todo lo que él representó en términos de autoritarismo, manejos turbios y arbitrariedad.

Diversos analistas ayer coincidían en que lo más probable es que el origen de la fortuna de Pinochet, entre seis y doce millones de dólares, provenga de desvío de fondos de los ítems de gastos reservados durante su gobierno. Al parecer, fue basándose en estos antecedentes que el juez Cerda ordenó los procesamientos y detenciones. Si así fuera, el magistrado reabrió una caja que puede contener muchas sorpresas, porque con la misma lógica que está investigando los gastos reservados de la dictadura, la justicia chilena podría decidir investigar los gastos reservados de los últimos cuatro gobiernos democráticos. Sobre este punto, el 2003 el entonces presidente Lagos, luego del escándalo por malversación de fondos públicos detectado en el Ministerio de Obras Públicas, llegó a un acuerdo con la oposición para dar vuelta la hoja y amnistiar las irregularidades y delitos que se pudieran haber cometido en el manejo de los gastos reservados con anterioridad a ese año. Desde luego todavía no está claro si la justicia respetará ese acuerdo político. En principio, ayer Cerda podría haberlo echado por tierra. Pero sólo respecto de Pinochet, no respecto de los gobiernos que vinieron después. Y en Chile hace rato que no corre el aforismo judicial según el cual donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.

El pleito de fondo desde luego es político. Siempre lo fue. Pero curiosamente tendrá que ser dirimido según la ritualidad, la lógica, los misterios, el ritmo y los absurdos prescritos por el sistema judicial chileno. Siendo así, todo es posible.