El Comercio
Quito, 25 de abril de 2007
Por El Comercio (Ecuador)

“El Gobierno, el TSE, otras entidades del Estado y el pueblo deben aceptar que el Ecuador es un Estado de Derecho y que se rige por un ordenamiento jurídico enmarcado en una Constitución y su consecuente ordenamiento legal. Probablemente será difícil admitir esta situación, en un ambiente estimulado por el abrumador triunfo electoral de la consulta popular y por un repudio contra una mayoría legislativa que fue defenestrada, luego restituida y ahora en virtual limbo político .

La confusión jurídica y política que vivimos se resume en los siguientes hechos: el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la restitución de 50 diputados que fueron defenestrados por el TSE, siendo su resolución definitiva y de aplicación inmediata de acuerdo al texto constitucional. Luego, el actual Congreso declaró concluidas las funciones del TC, bajo el argumento de que eran prorrogadas, pero exponenciando al infinito la inseguridad jurídica y la confusión política; pues, puede transcurrir un tiempo considerable para que se integren las ternas para elegir a los próximos nueve vocales. Mientras tanto, el país carecerá nuevamente de una pieza fundamental en su engranaje jurídico e institucional.

La situación se tornó delicada, máxime cuando se ha tolerado la agresión física a algunos de los vocales del TC, como anteriormente sucedió con los legisladores destituidos; en consecuencia, estamos sumando a una seria confrontación institucional, peligrosos signos de intolerancia que pueden degenerar en incontrolables espirales de violencia en una nación de tradición pacífica .

El Gobierno no debe perder el contexto ni las proyecciones de una situación política que actualmente le favorece. Tiene grandes opciones para copar la mayoría de las curules de las próxima asamblea constituyente. Es evidente la popularidad del Régimen, sus considerables recursos económicos y la ausencia de una oposición organizada. Sin embargo, hasta la instalación de la constituyente, está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución hasta que ésta sea reemplazada, con el fin de tutelar los derechos y garantías del pueblo del Ecuador”.

Extracto del editorial del diario El Comercio