Infolatam
Santiago, 30 de enero, 2007

La introducción en la legislación de una cláusula especial sobre el uso de información privilegiada en la compra de acciones, a raíz de los cargos que formuló la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Sebastián Piñera, quedó postergada hasta marzo.

A raíz de los cuestionamientos de la SVS a Piñera por la supuesta utilización de información privilegiada en la compra de un paquete accionario de LAN -empresa que dirige y de la que posee un 2 por ciento de su capital varios parlamentarios pretendieron introducir una norma que regulara este tipo de transacciones dentro de la llamada Reforma al Mercado de Capitales II (MK2).

Sin embargo, luego del encuentro de este martes se concordó que la iniciativa se incorporará en la ley de Gobiernos Corporativos, que se discutirá en marzo, una vez aprobado el MK2.

“Estamos haciendo lo que siempre dijimos que íbamos a hacer. En otras palabras, cuando se cumpliera el plazo legal, retomar la discusión de este proyecto de ley y este tema que es tan importante”, indicó el ministro Velasco.

“La situación del señor Piñera corresponde a la superintendencia y corre por los carriles legales correspondientes”, añadió el secretario de Estado. La ley de Gobiernos Corporativos incorporará elementos sobre información privilegiada, opciones de largo plazo, conflictos de interés y diversas normas sobre el buen gobierno empresarial.

Insistiendo en que la Superintendencia de Valores y Seguros no pudo acreditar el uso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN y acusando al Gobierno de influir en la investigación en su contra, Sebastián Piñera presentó ayer tarde sus descargos ante el mencionado organismo.

El ex abanderado presidencial de RN -que recibió la visita y el respaldo de la mesa directiva de su partido- acusó al Ejecutivo de caer en el intervencionismo electoral.

“Yo creo que hace mucho tiempo que el Gobierno está haciendo uso y abuso de las instituciones y de los recursos públicos para intervenir electoralmente, y eso no solamente es ilegal sino que además es inmoral”, denunció.

También aseguró que “muchos otros grupos empresariales han tenido conductas análogas a las nuestras y perfectamente legítimas, y la Superintendencia nunca hizo búsqueda o recolección de información ni muchos menos formuló cargos”.

Piñera señaló que usará como respaldo en su defensa ante la SVS dos informes de destacados abogados y académicos de la Universidad de Chile, que “establecen con meridiana claridad que en este caso no ha habido ni delito, ni falta, y por tanto espero que la Superintendencia me libere de toda responsabilidad. Y espero además que no se utilice a instituciones como la Superintendencia u otras instituciones públicas en objetivos políticos. Y por lo tanto tengo mi conciencia y mis manos absolutamente tranquilas, y espero que esto se esclarezca en un cien por ciento”.

El ex candidato presidencial recordó el revuelo que provocó el aterrizaje de su helicóptero en una cancha de fútbol de Quellón, donde asegura hubo una “utilización política”.

“Pedimos permiso para aterrizar al cuidador que estaba en el lugar, y él nos dio la autorización por unos minutos, porque había un uso de la cancha esa tarde. Nos dijo que nos fuéramos antes de las cinco y nos fuimos mucho antes de las cinco. Y yo aterricé para recibir a un grupo de personas que iba a conocer el parque Tantauco (…) la jueza de policía local que recibió la denuncia me eximió de toda responsabilidad, lo cual refleja que hay una campaña de intentar perjudicarme políticamente”, criticó.

Sebastián Piñera, expresó su confianza en que la Superintendencia de Valores y Seguros lo libere de toda responsabilidad ya que no pudo probar la utilización de información privilegiada en la compra de acciones de LAN y criticó al Gobierno por hacer “uso y abuso de las instituciones”.

Por otra parte, la fiscal encaregada de la investigación de la red de cohecho detectada al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII), Sonia Rojas, afirmó que se está en presencia de un fraude millonario, que involucra a entre cinco mil y seis mil empresas.

“Son tan grandes las cantidades que no soy capaz de decirlo en pesos… Creo que estamos hablando de miles de millones de pesos”, destacó la fiscal. El pasado sábado fueron formalizados los cuatro implicados en la red de cohecho, y según se reveló en la audiencia, los socios obtenían información privilegiada por parte de Marjorie Durán Urzúa, quien se desempeña en el Tribunal Tributario de la institución.

Los imputados entregaban datos a aquellas empresas que tenían problemas tributarios, ofreciendo solucionar sus conflictos mediante el pago de un soborno para limpiar antecedentes con documentos falsos.