Infolatam
Madrid, 30 de enero 2007
Por Federico Ysart

El director en cuestión ya era propietario del 27% de la aerolínea y, junto con la familia Cueto, ejercía el control de la compañía. Su paquete accionarial está valorado en US$ 1000 millones aproximadamente.

La autoridad del mercado bursátil chileno abrió un expediente para esclarecer el fondo de tan peculiar la operación. A partir de ese momento, el director de LAN sometido a investigación por el posible uso de información privilegiada se transmutó en un ciudadano objeto de afrenta por el gobierno de su país. El empresario dejó de serlo para revistirse de político. El controlador de la aerolínea chilena, Sebastián Piñera, pasó a ser el ex candidato presidencial de la Alianza conservadora, el rival de la Bachelet y futuro abanderado nuevamente de la derecha chilena, víctima de los manejos políticos del Gobierno.

Tan insólito como cierto. Chile tiene una regulación peculiar del uso de información privilegiada. A juicio de analistas internacionales, excesivamente garantista a favor de quien tiene acceso a esa información y, por tanto, en detrimento del resto del mercado. Por ello, el oficio que la Superintendencia de Valores y Seguros en el expediente abierto dice que el señor Piñera no tuvo la intención de usar la información exclusiva que tenía dado que la compra se realizó en base al modelo de intervención en los mercados que el empresario utiliza habitualmente. Parece como si la manipulación política que el empresario denuncia corriera en su favor.

¿Así es si así os parece? No. Los cargos se abren porque al haber tenido acceso a la información que el mercado aún ignoraba, Piñera debió abstenerse de comprar, en contra de lo que su modelo aconsejara.

De otra forma, Piñera invirtió US$ 18 millones sabiendo que los beneficios de su compañía habían crecido un 31% en seis meses, pero la compra no fue motivada por ese dato que es lo que la ley chilena prohíbe. Y ahí entrarán las partes a discutir sobre responsabilidades subjetivas y objetivas.

De momento, hace cuatro días los senadores Carlos Ominami y Pedro Muñoz presentaron una moción para que la Ley de Valores especifique que los estados financieros de las empresas serán considerados información privilegiada por un período de 30 días después de haber sido comunicados a la autoridad reguladora del mercado, la SVS. Es necesario, justifican la iniciativa, "incorporar a nuestra legislación elementos más objetivos para la determinación de responsabilidades de esta naturaleza".

Al margen del alcance de la reforma que muchos juzgan imprescindible para la inserción del mercado chileno en la normalidad internacional, lo que cada vez más políticos del centro derecha chileno piensan ya es que tener como candidato presidencial a uno de los empresarios más ricos del país tiene suficientes inconvenientes como para buscar ya nuevas alternativas.