Reponer el estado de derecho
El Deber
Santa Curz, 19 de noviembre 2006
Por El Deber (Bolivia)
“Esa marcha es para que una vez llegada a La Paz cerque al Parlamento y le obligue a hacer.. lo que el Gobierno quiere y no lo que corresponde decidir al voto mayoritario. Dicha presión está tipificada como delito por el Código Penal y muy cerca de consumar su comisión se observa nada menos que al propio Gobierno”
“En los dos últimos quinquenios proyectamos al exterior la imagen de un país que respecto a la vigencia de la ley cojeaba en forma dramática. El derecho a la libre expresión en el marco de la protesta social se había degradado a censurables acciones delictivas que afrentaban agravios a los derechos de los demás, como los bloqueos de calles y caminos, ataques y golpizas a transeúntes y viajantes, muchos de los cuales quedaban virtualmente secuestrados en los caminos y en las terminales. Se agregaban a la lista saqueos y destrucción de bienes públicos y privados.
… Al cabo, Evo Morales había arribado a la Presidencia de la República con una inédita mayoría absoluta en las urnas en base a la cual podía acceder a la gobernabilidad. Pero no, tras un breve periodo de paz, antes inclusive de completar su primer año de gestión, respecto a la vigencia de la ley, empieza a dar señales de manifiesta debilidad…
…Reponer el estado de derecho constituye asignatura pendiente para un gobierno que no por haberse apuntado en el pasado inmediato todo un récord nacional en el referido tipo de infracciones, debe hurtarle el cuerpo a tan elemental responsabilidad. Lo primero que debe hacer para alcanzar aquel objetivo es cejar en su rol de impulsor de presiones por parte de movimientos sociales que él mismo digita desde las sombras. La marcha de indígenas del oriente a La Paz, salpicada y enlutada ya de sangre y muertos, respectivamente, constituye un caso ilustrativo al respecto.
Esa marcha es para que una vez llegada a La Paz cerque al Parlamento y le obligue a hacer, respecto a la ley INRA, lo que el Gobierno quiere y no lo que corresponde decidir al voto mayoritario. Dicha presión está tipificada como delito por el Código Penal y muy cerca de consumar su comisión se observa nada menos que al propio Gobierno.”
Extractos del editorial publicado en El Deber (Bolivia)
