Infolatam
Madrid, 25 de septiembre 2006
Por Sonia Alda

Los acontecimientos en torno a la Constituyente boliviana ponen de manifiesto problemas de suma importancia que afectan a las transformaciones que quere llevar a cabo. La situación de bloqueo impide el avance de los objetivos reformistas marcados. Sin embargo mayor gravedad revisten los factores que motivan esta situación, sobre todo el cuestionamiento permanente de la legalidad.

Si la Asamblea Constituyente se encuentra bloqueada se debe a la "interpretación" particular que la oposición y el MAS, partido gobernante, hacen de la ley de convocatoria y de la Constitución.

Para la oposición y el Oriente del país el cumplimiento riguroso de la ley establecida exige que cada reforma constitucional sea aprobada por tres tercios. Mientras el MAS, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara (pero no con los tres tercios), entiende que dichas reformas pueden aprobarse por mayoría absoluta. Entre las medidas de presión contra la postura del gobierno destaca la huelga general celebrada el 8 de septiembre, con Santa Cruz a la cabeza.

El gobierno ha criticado duramente esta actuación y movimientos sociales, próximos al mismo, optaron por establecer un cerco, como una "represalia", alrededor de Santa Cruz mediante el bloqueo del departamento. Sin embargo pese a la protesta, los acontecimientos revelan la existencia de una cultura política en la que los márgenes de diálogo son reducidos y la acción directa para todos los actores ha acabado por entenderse como el medio de acción más eficiente.

Si las controversias se resuelven de este modo, entonces … puede iniciarse una espiral de protesta popular que acabe por conducir al país al borde del colapso. Esta dinámica es coherente con una cultura política dominante en la que cada actor, gobierno, oposición o agentes sociales, fuerzan permanentemente la legalidad bajo interpretaciones sesgadas.

Todos se adueñan en exclusiva de la legalidad. En este momento, los departamentos de Oriente se mueven motivados como reacción ante "el incumplimiento de la ley y la Constitución. Queremos que en el país se reinstale la ley". Sin embargo estos mismos departamentos amenazaron en 2004 con autoconvocar un referéndum, con el fin de lograr un régimen autonómico, principal objetivo de sus reivindicaciones. Un acto que sin embargo hubiera sido ilegal y anticonstitucional.

Estos son sólo algunos ejemplos que evidencian la escasa importancia otorgada a la legalidad y las instituciones democráticas por gobernantes y gobernados. Siempre caben posibles interpretaciones de una ley, pero no de manera sistemática y como medio para lograr intereses particulares. En cada caso se apela a la democracia como objetivo último, aunque con esta opción el único logro conseguido sea su erosión. Bajo este planteamiento y de acuerdo a esta dinámica no ha sido difícil pronosticar las limitaciones que tendrá la labor de la Asamblea Constituyente para transformar el país.

De poco servirá un nuevo marco constitucional, si éste no se respeta o si se reinterpreta por cada actor social a conveniencia. En democracia el imperio de la ley, es una condición sine qua non para el funcionamiento del sistema, al margen de la legalidad constitucional que impere.