Infolatam
Santiago.- 30/01/2006
Por Juan Andrés Fontaine

La economía, en tanto, crece al envidiable ritmo de 6% al año, la inflación está confortablemente al interior de la banda de 2 a 4% que se ha impuesto el severo Banco Central de Chile y las arcas fiscales rebosan de un superávit estimado en 4,5% del PIB. Con razón sonríe la presidenta electa.

Mucho de la actual prosperidad es el resultado clásico del espectacular auge del precio del cobre y otros minerales que Chile exporta. Bajo la cautelosa conducción fiscal del gobierno saliente, buena parte de esos recursos han sido ahorrados, pero no todos. El gasto público está creciendo rápido y alimentando una expansión aún mayor en la demanda privada. Cuando la buena racha termine ?y bien sabemos cuán traicioneros pueden ser los precios mineros- el ajuste será inevitable. Es altamente probable que la Presidenta Bachelet mantenga el curso de la política fiscal de su antecesor. Ello augura tranquilidad en el frente, pero no asegura desde ya la necesaria contención del gasto fiscal. Mientras Chile no aprenda a ahorrar en las bonanzas ?como por ejemplo lo hace Noruega en su Fondo del Petróleo-, no será verdaderamente estable.

El problema es que el auge cuprífero y dos años consecutivos de reñida contienda electoral (municipal el 2004, presidencial y parlamentaria el 2005) han abierto mucho los apetitos. En su programa de campaña, Bachelet prometió subsidiar masivamente la educación pre-escolar, reforzar la alicaída educación primaria y secundaria, bonificar ampliamente el uso de salas cunas por parte de las madres trabajadoras y subsidiar la contratación de jóvenes a tiempo parcial. Las fallas del sistema educacional y la falta de oportunidades laborales para mujeres y jóvenes son problemas serios que urge resolver inteligentemente, pero limitarse a abrir las compuertas del gasto fiscal sería caro y contraproducente.

Bachelet ha denunciado la existencia de una crisis inminente en el sistema de pensiones y anunciado una comisión para su reforma. El modelo chileno se basa en el ahorro individual obligatorio, la administración privada y competitiva de los fondos y el apoyo subsidiario del Estado. Funciona muy bien para los trabajadores con contrato permanente, pero para cerca de la mitad de la fuerza de trabajo se emplea en ocupaciones ocasionales o por cuenta propia, la contribución es voluntaria y suele ser escasa. La pensión asistencial que ofrece el Estado para atender a los jubilados más pobres es verdaderamente mínima y no alcanza a todos los necesitados. Es necesario flexibilizar la legislación laboral para estimular las contrataciones, corregir la pensión asistencial e introducir ciertas innovaciones en la operación del sistema. Pero la retórica política de la Concertación habla de intervenir un sistema injusto y amenaza con alzar los impuestos para solventar la factura.

El desafío del Gobierno de Bachelet será transformar sus inmejorables condiciones iniciales, en lo económico y en lo político, en prosperidad duradera. Ello exige poner el acento sobre la expansión de la capacidad productiva, esto es más inversión, productividad y trabajo. Pero una fracción importante de su coalición cree que finalmente ha llegado la hora de aumentar el gasto, los impuestos y las regulaciones. ¿Sabrá Bachelet dominar a los suyos y concluir su gobierno tan sonriente como hoy?